La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó este miércoles que el Gobierno de México rechaza cualquier forma de censura contra los medios de comunicación y la ciudadanía, luego de la publicación de la controvertida Ley de Ciberseguridad del estado de Puebla, también conocida como la “Ley de Censura”.
Durante su participación en la conferencia presidencial matutina, Rodríguez subrayó que el respeto a las libertades y a los derechos constitucionales es un principio fundamental de la actual administración.
“Creo que todos los casos tienen que ser revisados, porque el pueblo de México no está a favor de la censura. El pueblo de México está a favor de las libertades y del respeto a las garantías constitucionales: el derecho a la manifestación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al libre tránsito, el derecho a la propiedad privada… todos los derechos y las garantías”, declaró la funcionaria federal.
Controversia por la “Ley de Censura”
La nueva legislación, impulsada por el Congreso de Puebla con mayoría de Morena, fue publicada recientemente en el Periódico Oficial del Estado y ha generado fuertes críticas en círculos ciudadanos, periodísticos y de derechos humanos. La llamada Ley de Ciberseguridad propone penas de 11 meses a 3 años de prisión y multas económicas para quienes incurran en “insultos” a través de redes sociales y plataformas digitales.
Diversas organizaciones civiles y defensoras de la libertad de expresión han advertido que esta ley podría ser utilizada para perseguir opiniones críticas en el entorno digital, al tiempo que podría abrir la puerta a una regulación ambigua y restrictiva del discurso en línea.
Llamado a revisar la legislación
Rosa Icela Rodríguez evitó referirse directamente a los legisladores poblanos, pero dejó claro que el Gobierno Federal no respalda acciones que limiten los derechos fundamentales, en especial la libertad de expresión y prensa.
El pronunciamiento de Rodríguez se da en un contexto nacional marcado por el debate sobre los límites entre la regulación del ciberacoso y la protección de los derechos digitales, en medio del avance de normativas estatales que podrían tener implicaciones en todo el país.
