La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó a registrar sus primeras salidas significativas tras la histórica elección judicial del pasado 1 de junio, marcada por cuestionamientos sobre su legitimidad y futuro impacto en la independencia del Poder Judicial.
Uno de los nombres más destacados en dar un paso al costado fue Héctor Armando Salinas Olivares, funcionario de carrera con casi una década de servicio en el máximo tribunal, quien presentó su renuncia formal y pública, acompañada de un emotivo y crítico mensaje en redes sociales.
Una despedida que se volvió viral
A través de su cuenta en X (antes Twitter), Salinas escribió:
“Fueron 10 años en los que serví a mi país con muchísimo orgullo y dedicación, y nadie me puede quitar eso”.
El mensaje rápidamente generó miles de reacciones, no solo por su tono emotivo, sino por su clara carga política. En un hilo de despedida, agradeció a sus colegas, en particular al ministro Javier Laynez Potisek y a su mentor personal, Alfredo Narváez Medécigo.
Sin embargo, lo que más resonó fue su frase final:
“Nuestra democracia está herida y de gravedad. Tenemos el deber de reconstruir y seguir luchando”.
Contexto: elecciones judiciales bajo la lupa
La elección del pasado 1 de junio fue la primera en la que se sometieron a voto popular múltiples cargos dentro del Poder Judicial, en un proceso impulsado por el nuevo gobierno y duramente cuestionado por expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
Aunque el objetivo era democratizar el sistema judicial, la jornada estuvo marcada por una baja participación, denuncias de irregularidades y acusaciones de intervención del Ejecutivo.
Impacto institucional
La renuncia de Salinas Olivares marca una señal de tensión interna en la Corte, reflejo de una división creciente entre funcionarios de carrera y la nueva visión que el Ejecutivo busca implementar en el Poder Judicial.
Por ahora, la SCJN no ha emitido un posicionamiento oficial sobre su salida, aunque se prevé que no será la última en medio de un contexto que continúa generando incertidumbre sobre la autonomía de la justicia en México.
