A unos meses del relevo completo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se confirmó que los nueve ministros del renovado Poder Judicial de la Federación (PJF) recibirán un total de 2,178 asuntos pendientes de resolución, los cuales deberán abordar tras asumir funciones el 1 de septiembre.
Según datos oficiales, 1,697 de esos expedientes quedaron sin resolverse durante el segundo año de gestión de Norma Piña Hernández al frente del Poder Judicial, periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y el 30 de noviembre de 2024. Los 481 casos restantes se acumularon entre diciembre del año pasado y este 4 de junio.
Pleno y Salas dejarán carga judicial histórica
El informe detalla que:
- 693 asuntos no fueron resueltos por el Pleno de la SCJN.
- 803 expedientes están pendientes en la Primera Sala (materia civil y penal).
- 201 asuntos quedaron en la Segunda Sala (materia administrativa y laboral).
Aunque ambas Salas funcionarán formalmente hasta el 31 de agosto, se extinguirán en la práctica al día siguiente, en cumplimiento de la reforma constitucional que transformará la estructura del PJF. A partir de entonces, el Pleno del nuevo tribunal constitucional asumirá la responsabilidad total de los casos pendientes, con la facultad incluso de desechar expedientes si así lo considera.
Un legado judicial complejo
El Acuerdo General Plenario 3/2025, aprobado el pasado 16 de abril, establece los lineamientos de entrega y recepción. Al 4 de junio, la SCJN reportó que:
- 481 expedientes están pendientes de resolución, distribuidos entre ponencias que aún no han proyectado y aquellas que ya enviaron propuestas a la Secretaría General de Acuerdos.
- En el periodo del 1 de diciembre de 2024 al 30 de mayo de 2025, 1,753 nuevos asuntos ingresaron a ponencia y 1,871 fueron egresados, lo que indica una alta rotación pero también acumulación crítica.
Temas clave entre los pendientes
Entre los casos que destacan en la agenda del Pleno de la Corte se encuentra la acción de inconstitucionalidad 49/2021, interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esta impugnación cuestiona la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, vinculada con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordena a México eliminar la prisión preventiva oficiosa contemplada en el artículo 19 constitucional.
Este asunto, de profundo impacto en materia de derechos humanos y justicia penal, representa un reto prioritario para el nuevo tribunal constitucional, que deberá conciliar mandatos internacionales con el marco legal nacional.
