El Instituto Nacional Electoral (INE) informó este jueves que no cancelará las 26 candidaturas al Poder Judicial presuntamente ligadas al crimen organizado, como solicitaron recientemente el Senado de la República y la Cámara de Diputados. El organismo argumentó falta de atribuciones legales para revocar postulaciones, aún ante acusaciones graves y dudas sobre la elegibilidad de los aspirantes.
INE defiende su postura: no es su competencia anular candidaturas
Durante la sesión del Consejo General, los consejeros del INE coincidieron en que el Instituto no tiene facultades constitucionales ni legales para cancelar candidaturas, ya que dicha atribución corresponde a los Comités de Evaluación y al proceso mismo definido en la Reforma Judicial.
El consejero Jorge Montaño Ventura explicó que la evaluación de requisitos de elegibilidad se realiza únicamente en dos momentos: al momento del registro de las candidaturas y al emitir la constancia de mayoría, es decir, después de la jornada electoral. La próxima revisión se llevará a cabo el 15 de junio, cuando se determinará si alguno de los aspirantes electos pierde su constancia por falta de probidad o buena reputación.
“Esta autoridad se enfrenta quizás la labor más compleja en este proceso electoral extraordinario, pues se deberá actuar muy minuciosamente para no incurrir en sesgos que afecten derechos”, advirtió Montaño.
Acusan falta de revisión y omisión de los Comités de Evaluación
Por su parte, la consejera Dania Ravel sostuvo que el INE no puede asumir responsabilidades que le correspondían a los Comités de Evaluación, señalando que diversas voces del ámbito judicial habían advertido previamente la omisión en la revisión de la idoneidad de los perfiles propuestos.
“Muchísimas personas juzgadoras estuvieron alertando que no se estaba haciendo una revisión adecuada de los perfiles. Ahora vemos que tenían razón”, afirmó Ravel.
Legisladores impugnan a 26 aspirantes por vínculos con el crimen
Entre los candidatos impugnados por las Cámaras destacan Fernando Escamilla Villarreal, abogado de presuntos criminales; Jesús Humberto Padilla Briones, vinculado con delitos de armas y drogas; y Diana Monserrat Partida, acusada de liberar indebidamente a detenidos por delincuencia organizada.
También se señalaron casos de abuso sexual, desaparición forzada y protección indebida a líderes del crimen organizado entre los aspirantes. A pesar de la gravedad de estas denuncias, el INE reiteró que no puede descalificar candidaturas sin el debido proceso legal y la revisión formal al concluir la jornada electoral.
Revisión definitiva será posterior a las elecciones
El Instituto Nacional Electoral subrayó que será hasta después de las elecciones del 15 de junio cuando se determine, con base en los requisitos legales y éticos, si se anulan los triunfos de los candidatos que no cumplan con probidad, buena reputación o requisitos académicos.
