Una nueva propuesta de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado una fuerte polémica entre usuarios y defensores de la privacidad digital, debido a que contempla obligar a empresas como Uber, Netflix y Amazon a compartir información privada de sus usuarios con autoridades judiciales mexicanas.
De acuerdo con el anteproyecto, aquellas plataformas tecnológicas que se nieguen a colaborar con investigaciones judiciales o entreguen información incorrecta o incompleta podrán recibir multas de entre el 2% y el 5% de sus ingresos anuales.
Adiós al IFT y nuevas reglas para publicidad extranjera
El ambicioso proyecto de ley reforma 283 artículos constitucionales y 27 transitorios, y contempla, además, la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo creado en 2013 para regular el espectro radioeléctrico y garantizar la competencia en el sector.
Otra de las disposiciones más controvertidas es la prohibición de transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros, medida que busca evitar injerencias foráneas en medios mexicanos, como lo señaló la presidenta Sheinbaum tras la difusión de un spot antimigrante atribuido a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en cadenas nacionales.
“México no permitirá que gobiernos extranjeros intervengan en nuestra soberanía a través de mensajes ideológicos disfrazados de publicidad”, afirmó la mandataria en conferencia.
Usuarios denuncian riesgos a la privacidad y libertad digital
Las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios de plataformas digitales como Netflix, Amazon Prime Video y Uber han expresado su preocupación en redes sociales ante lo que consideran una grave amenaza a la privacidad de sus datos personales y potencial censura en los servicios de entretenimiento y movilidad.
Organizaciones civiles y especialistas en derechos digitales también han advertido que esta reforma podría abrir la puerta al monitoreo excesivo y vigilancia sin garantías judiciales suficientes, así como limitar la libertad de expresión en medios digitales.
“Exigir datos privados sin salvaguardas claras pone en riesgo derechos fundamentales. Esta reforma necesita mayor análisis y discusión pública”, señalaron desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Lo que sigue: debate legislativo y reacción internacional
La iniciativa será turnada al Congreso para su discusión en las próximas semanas, donde se espera un debate intenso sobre el equilibrio entre seguridad nacional, privacidad y libertad digital.
Empresas tecnológicas internacionales aún no se han pronunciado oficialmente, pero analistas anticipan que podría haber reacciones legales o ajustes operativos si el marco legal entra en vigor.
