Una iniciativa de ley presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado controversia por otorgar al nuevo regulador de telecomunicaciones y radiodifusión en México la facultad de bloquear temporalmente plataformas digitales y exigir permisos a empresas extranjeras para transmitir contenidos en el país.
De acuerdo con el documento enviado al Senado el pasado miércoles, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones —la cual sustituirá al actual regulador del sector— tendrá la autoridad para colaborar con dependencias gubernamentales en el bloqueo de plataformas digitales cuando estas incumplan normativas aplicables.
“Las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia para el bloqueo temporal a una plataforma digital”, establece el texto, sin detallar casos específicos que justifiquen esta acción.
La iniciativa también contempla que empresas extranjeras deberán contar con un permiso emitido por la Secretaría de Gobernación (Segob) para transmitir contenidos en México, un requisito que ha encendido las alarmas entre defensores de la libertad de expresión y legisladores de oposición, quienes advierten riesgos de censura.
Sheinbaum rechaza señalamientos de censura
Durante su conferencia matutina del jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que la iniciativa tenga tintes de censura y se mostró abierta a ajustar la redacción del documento.
“En ningún momento estamos planteando la censura, pues estamos en contra de la censura. Hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales. En todo caso, hay que corregir la propia redacción”, declaró.
La propuesta, que aún debe ser discutida y aprobada por el Senado, ha generado diversas reacciones tanto en el sector tecnológico como entre organizaciones de derechos digitales, quienes exigen mayor claridad sobre los criterios que justificarían el bloqueo de contenidos en línea.
Preocupaciones del sector y sociedad civil
Expertos en telecomunicaciones y activistas advierten que la falta de definiciones claras en la propuesta podría abrir la puerta a abusos de poder y restricciones arbitrarias a la libertad de expresión en internet.
Por su parte, la comunidad tecnológica ha expresado su inquietud ante posibles afectaciones al ecosistema digital, así como implicaciones para plataformas de streaming, redes sociales y medios internacionales que operan en México.
