La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aclaró este martes que no será la autoridad electoral quien determine la elegibilidad de los candidatos para la elección judicial del próximo 1 de junio, sino el Senado de la República y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Durante una conferencia de prensa, Taddei explicó que aunque el INE ya recibió las listas de aspirantes por parte de los Poderes Legislativo y Judicial, cualquier cuestionamiento sobre la probidad de los candidatos deberá ser resuelto por instancias superiores. “Aquí tendremos que hacer más allá de lo que cada quien pensamos y deseamos, hay que ser correctos en la aplicación de la norma”, señaló.
Candidatos señalados por vínculos con narcotraficantes
Estas declaraciones surgen horas después de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconociera públicamente que entre los postulantes se encuentran personas que en su ejercicio profesional han defendido a narcotraficantes. Ante esto, el legislador pidió al INE que retire dichas candidaturas, lo cual generó inquietud sobre la transparencia del proceso electoral judicial.
¿Quién decide la elegibilidad?
Taddei fue enfática al indicar que la reciente reforma judicial establece con claridad que los requisitos de elegibilidad —incluida la probidad— deben ser evaluados en primera instancia por el Senado, a través de los comités de evaluación que ya revisaron los perfiles antes de entregar las listas al INE.
Sin embargo, subrayó que, una vez realizados los comicios y conocidos los resultados, será responsabilidad del Senado y del TEPJF —en su Sala Superior— revisar cualquier impugnación relacionada con la falta de cumplimiento de los requisitos legales.
“Debemos dar parte al Senado de la República y al Tribunal Electoral para que sean quienes resuelvan sobre si se encontrara por parte de esta autoridad algún requisito no cubierto de elegibilidad”, apuntó la titular del INE.
Contexto: una elección bajo la lupa
La elección judicial del 1 de junio representa un hecho inédito en la historia democrática del país, ya que por primera vez se someterá al voto popular la designación de jueces, magistrados y otros cargos del Poder Judicial. Sin embargo, el proceso ha estado marcado por controversias debido a la inclusión de perfiles cuestionables y la presión política en torno a su validez.
¿Qué sigue?
A menos de dos meses del proceso, la autoridad electoral reafirma su compromiso con el cumplimiento de la ley, pero deja en manos de los órganos constitucionalmente facultados —Senado y TEPJF— la última palabra en caso de controversias por la elegibilidad de los candidatos.
