El Estado mexicano tuvo una evaluación esta semana en Ginebra por el Comité de la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a la protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias.
En la sesión, el organismo internacional indicó su preocupación por la falta de avances en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas migrantes y sus sus seres queridos.
La revisión dejó al descubierto la falta de respuesta de México frente a múltiples cuestionamientos relacionados con violaciones duras a los derechos humanos.
Uno de los temas más importantes fue la impunidad persistente en casos emblemáticos como la masacre de 72 migrantes en San Fernando (2010), las fosas clandestinas ubicadas en esa misma localidad en 2011, y la masacre en Cadereyta (2012).
Aunque los anteriores hechos dejan mal parado al gobierno mexicano, las autoridades mexicanas no entregaron información concreta sobre avances en las investigaciones, sanción de responsables o identificación de víctimas.
De acuerdo a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), el Estado mexicano se limitó a destacar procesos judiciales en curso, sin entregar resultados. Además, explicaron que, en algunos casos, se emitieron sentencias por delitos relacionados con portación de armas o delincuencia organizada, pero no por los asesinatos, tortura de los migrantes o secuestros.
Durante la evaluación, el Comité pidió información específica sobre las medidas adoptadas para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, investigar los crímenes contra migrantes y poner en marcha la Mesa de Búsqueda de Migrantes, pendiente desde hace tres años. Ninguna de las anteriores solicitudes obtuvo respuesta del Estado.
