- Columna de opinión.
- Escrita por: Oscar Miguel Rivera Hernández.
¡Hola a todos! Hoy les traigo una reflexión que puede tomarse como análisis, impresión o incluso crítica, según su perspectiva. En esta ocasión, abordaré el “Operativo Enjambre”, explorando su impacto en materia de seguridad y comparándolo con el controvertido “Michoacanazo”. Aunque, desde el inicio, les adelanto que estas dos estrategias tienen más diferencias que similitudes. ¡Comencemos!
El reciente Operativo Enjambre, encabezado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha encendido un debate que trasciende las redes sociales y polariza la opinión pública. Comparado en diversos foros con el “Michoacanazo” de 2009, esta operación invita a reflexionar sobre su naturaleza, objetivos y resultados. ¿Es realmente comparable con aquel episodio que marcó el inicio de una controvertida “guerra contra el narcotráfico”?
Para responder, es necesario destacar diferencias importantes. El Michoacanazo, desplegado por la Policía Federal con apoyo del Ejército Mexicano, se ejecutó sin órdenes de aprehensión previas, lo que debilitó su legitimidad y dejó un legado de incertidumbre jurídica. En contraste, el Operativo Enjambre se fundamenta en un trabajo de investigación minucioso y coordinado, respaldado por órdenes de aprehensión emitidas por jueces. Esto evidencia una planeación estratégica orientada al respeto del debido proceso, una lección aprendida de los errores del pasado.
El Operativo Enjambre marca un antecedente importante, por la participación articulada de múltiples instituciones: la fiscalía general de la República, la Fiscalía del Estado de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia, entre otros. Esta coordinación logró, por ejemplo, la detención de una presidenta municipal y de varios jefes policiacos presuntamente vinculados con grupos criminales, evitando filtraciones que pudieran comprometer la operación.
En un país donde la corrupción en la seguridad pública, especialmente a nivel municipal, ha sido el talón de Aquiles, este operativo envía un mensaje contundente: no habrá espacio para la impunidad. La captura de figuras asociadas al crimen organizado, sin importar su filiación política, fortalece la credibilidad del gobierno al priorizar la seguridad sobre los intereses partidistas.
El Michoacanazo de 2009 fue un operativo marcado por la falta de planeación estratégica, donde la Policía Federal y el Ejército Mexicano realizaron detenciones masivas sin órdenes de aprehensión ni pruebas contundentes. Las consecuencias fueron devastadoras: detenciones arbitrarias, colapso de casos en los tribunales y un legado de desconfianza hacia las instituciones de seguridad.
Además, según investigaciones del periodista Jesús Lemus Barajas, este operativo no solo estuvo mal ejecutado, sino que también respondió a intereses oscuros. Lemus denunció nexos entre Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y el narcotraficante Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”. Por revelar esta información, Lemus fue torturado brutalmente y encarcelado con cargos fabricados, en un intento de silenciarlo.
Durante su detención, Lemus fue sometido a torturas físicas y psicológicas: bolsas de plástico en la cabeza, toques eléctricos en los genitales y golpizas para obligarlo a firmar confesiones falsas que lo vinculaban con el crimen organizado. Su encarcelamiento en el penal de Puente Grande, Jalisco, expuso las atrocidades cometidas bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
Las diferencias entre el Michoacanazo y el Operativo Enjambre son abismales. Este último se distingue por la coordinación interinstitucional, el respeto al debido proceso y un enfoque basado en la inteligencia y la legalidad. Aprender de los errores del pasado, como los abusos y excesos del Michoacanazo, es fundamental para avanzar hacia una estrategia de seguridad que priorice los derechos humanos y la justicia.
Comparar este operativo con el Michoacanazo resulta inevitable por las similitudes contextuales, pero es en las diferencias donde se define su relevancia histórica. Mientras que en 2009 se llevaron a cabo detenciones arbitrarias que posteriormente colapsaron en los tribunales, el Operativo Enjambre se posiciona como una muestra de que la inteligencia y la legalidad pueden prevalecer sobre la improvisación y el abuso de poder.
No obstante, no debemos ignorar el impacto emocional y social de las operaciones de esta magnitud. La imagen de un jefe policiaco que opta por quitarse la vida para evitar ser detenido, como ocurrió en Texcaltitlán, refleja la gravedad de los vínculos entre autoridades y grupos criminales, además de subrayar los riesgos que enfrentan sus familias.
Si bien el gobierno federal, bajo la dirección de Claudia Sheinbaum, ha logrado coordinar esfuerzos y garantizar avances iniciales, el verdadero desafío será mantener esta dinámica a largo plazo. La reacción de los grupos criminales, tradicionalmente violenta, requerirá una respuesta igualmente estratégica.
La clave estará en reforzar las instituciones de seguridad municipal, el eslabón más débil de la cadena, y garantizar que las acciones contra la delincuencia organizada no se limiten a operativos espectaculares. La prevención, el fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza ciudadana deben complementar estas acciones.
El Operativo Enjambre, con su enfoque en delitos que afectan directamente a la ciudadanía –como la extorsión y el cobro de piso–, parece sentar las bases para un modelo replicable en otros estados. Sin embargo, el éxito dependerá de la capacidad de las autoridades para ajustar su estrategia a las particularidades locales, evitando generalizaciones que puedan ser contraproducentes.
El Operativo Enjambre no es el Michoacanazo. Representa, hasta ahora, un ejemplo de cómo debe funcionar la seguridad pública: con inteligencia, coordinación y respeto a los derechos humanos. Pero este logro inicial no debe ser motivo de complacencia. Es apenas un primer paso en un camino largo y complicado que requiere constancia, innovación y, sobre todo, voluntad política para erradicar la corrupción y la impunidad en todos los niveles de gobierno.
México necesita más que operativos bien ejecutados; necesita una estrategia integral que contemple la prevención, el fortalecimiento institucional y el compromiso genuino con la justicia. Solo así dejaremos atrás los fantasmas del pasado y construiremos un futuro más seguro para todos.
