Gloria García Luna, hermana de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, denunció actos de tortura por parte de las autoridades del penal femenil de Morelos, donde está recluida desde diciembre de 2023.
El Juzgado Quinto de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México admitió la demanda y entregó una suspensión de plano a la hermana del ex funcionario, preso en Estados Unidos, quien denunció segregación, actos de tortura, incomunicación, hostigamiento y omisión de brindar atención médica.
La suspensión, que fue otorgada por el juez federal es en procura de que cesen los actos denunciados por la mujer, quien señaló como responsables a mandos de dicho penal estatal, a funcionarios del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
“A fin de salvaguardar los derechos fundamentales de la agraviada, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo se concede la suspensión de plano para el efecto de que cesen de inmediato los actos reclamados consistentes en: la tortura, segregación, hostigamiento e incomunicación; así como de cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que sea objeto la quejosa; por lo que queda bajo su más estricta responsabilidad la integridad física de la quejosa.
“Asimismo, se concede la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables, dentro de sus atribuciones conferidas y de acuerdo a los padecimientos que aduce presenta la quejosa ****, de inmediato brinden la atención médica necesaria al alcance y posibilidades del centro penitenciario en el que se encuentra privada de su libertad la directa agraviada y, en su caso, le suministren los medicamentos necesarios conforme a su condición y expediente clínico, atendiendo las particularidades del caso, deberán realizar todo aquello que se encuentre a su alcance para procurar la estabilidad y bienestar físico de la quejosa”.
A través de su demanda, la mujer solicito que sus derechos humanos sean protegidos mientras está recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 de Morelos, después de que enfrenta un proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de delincuencia organizada y procedencia ilícita.
