Una investigación de MILENIO, apoyada en las carpetas de investigación de las 32 fiscalías estatales de México, indica que entre enero y marzo de 2024 se han presentado 357 denuncias por el concepto de delitos electorales.
A comparación de hace seis años, cuando en el primer trimestre fueron radicadas 190 querellas políticas, los proyectiles judiciales se han intensificado y alcanzaron cuatro demandas al día, el doble que las presentadas en el mismo periodo del sexenio pasado (2018).
En cuanto a las acusaciones que están en los expedientes, que van desde lo más abstracto hasta señalamientos que llegarían a ameritar cárcel, muestran que las elecciones federales a celebrarse el próximo 2 de junio ya están en tribunales, por lo tanto, el papel de las fiscalías locales, primero, y de los jueces del país, posteriormente, se encuentran sometidos a una presión nunca antes vista.
Para el pasado 12 de marzo, en su conferencia matutina, el presidente AMLO revela que desde el Poder Judicial traman la nulidad de los comicios presidenciales.
Sin embargo, estadísticas obtenidas mediante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman que este bombardeo de demandas son lanzadas por los distintos actores políticos que hacen parte de la elección.
También por todo lo anterior, parece una guerra de todos contra todos, ya que las querellas provienen del frente integrado por PRI, PAN y PRD, desde la trinchera de Morena, PT, PVEM y a partir de la barricada de Movimiento Ciudadano.
Desde 2015, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) captura la información acerca de la incidencia delictiva que reportan las fiscalías locales.
En su metodología aclaran que las cifras se refieren a la ocurrencia “de presuntos delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas en las Agencias del Ministerio Público y reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas”.
Cabe recordar que, de enero a marzo de 2024 se registraron 357 carpetas de investigación comenzadas por “delito electoral”, entendiéndose que pueden ser acciones con un propósito: solicitar votos a cambio de dinero, obstaculizar las campañas como retener credenciales, desvío de recursos y actos irregulares.
