Las autoridades electorales empezaron el 2024 entre complots, bloques y grillas. El desafío del Tribunal Electoral y del INE antes del comienzo de las campañas, será mostrar que pueden mantener su imparcialidad e independencia, sin influencias externas, y sin que se roben el protagonismo sus divisiones que la responsabilidad de vigilar y organizar y el proceso electoral. Así lo destaca MILENIO.
Aunque uno de sus principales deberes constitucionales es dar certeza a las elecciones, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral fueron quienes agregaron incertidumbre al proceso del 2024 y pusieron en duda su fortaleza como consecuencia de las divisiones internas que tienen.
Indica que ambas instituciones dependen y se necesitan entre sí. Será la magistrada presidenta Mónica Soto –quien se sumó a un bloque mayoritario para quitar a Reyes Rodríguez Mondragón de la presidencia del Tribunal– con la responsabilidad de definir a cuál bloque del INE darle la razón, si al mayoritario, o a Guadalupe Taddei, quien argumenta que rebasa la legalidad el que una mayoría dentro del INE le imponga plazos y mecanismos con el objetivo de cumplir los nombramientos pendientes.
Ahora bien, a Guadalupe Taddei le queda algo más de una semana antes de que finalice el ultimátum, porque le dieron hasta el próximo 16 de enero para nombrar perfiles definitivos y competitivos en una decena de direcciones. Por otro lado, la consejera presidenta ha optado no avanzar, convencida en que el TEPJF pueda darle la razón y revocar este acuerdo, mediante las impugnaciones que presentaron PT, Morena y PRI para respaldarla.
