Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), confirmó siete controversias constitucionales de varios municipios mexicanos, que tienen como objetivo impugnar la primera parte del Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador.
Los recursos legales que aceptó la Corte, fueron promovidos por los municipios de Sierra Mojada, Monclova y Matamoros, del estado de Coahuila; Cuautitlán Izcalli y Naucalpan, del Estado de México; Guanajuato y Comonfort.
Todos tienen el propósito de impugnar las modificaciones a Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que hacen parte de la primera parte del Plan B en cuanto a la reforma electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022 y que fueron complementadas con las publicadas el pasado 3 de marzo por AMLO.
Dentro las controversias constitucionales, las autoridades municipales destacaron que las adiciones de los párrafos tercero y cuarto al artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social: “generan una afectación directa en su autonomía presupuestaria en tanto que los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales se extralimitan o desbordan las facultades que tienen encomendadas constitucionalmente”.
También el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte una controversia constitucional en contra de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del Plan B electoral, que pretende llevar a cabo López Obrador.
Mediante un comunicado, el INE argumento que interpusieron dicho recurso como consecuencia de las modificaciones legislativas “crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”.
Por otro lado, desde el INE expresaron que la Constitución es clara en establecer que los servidores públicos tienen que aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda.
