Eduardo González Velázquez
Desde la puesta en marcha de la estrategia militar para enfrentar al crimen organizado en el “gobierno” de Felipe Calderón, me he manifestado claramente en contra de ello. Mi oposición a la militarización en el combate al crimen organizado, no solamente se debe a los malos resultados en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que son una muestra clara de que esa ruta no es la correcta, sino por los resultados arrojados desde Calderón Hinojosa y Peña Nieto, es decir, como la estrategia sigue siendo la misma, por obvias razones, las consecuencias también.
Durante la campaña electoral de 2018, López Obrador rechazó el uso del Ejército en tareas de seguridad, incluso prometió que de ganar la presidencia regresaría a los cuartes a los militares; no obstante, una vez en Palacio Nacional el tabasqueño cambió de opinión. Creó la Guardia Nacional y ahora dejará a los soldados patrullando el país hasta 2028.
Tratemos de entender el pensamiento que hay detrás de esa decisión.
Por un lado, los cuerpos policiacos municipales y estatales se miran superados en su capacidad de respuesta frente a los cárteles de la droga, además los recursos federales no son suficientes para poder capacitar y equipar a las policías lo cual se convierte en tierra fértil para la delincuencia en amplias zonas de la territorialidad mexicana. Esa realidad es difícil hacerla a un lado. Bajo esta lógica, el gobierno de la 4T no encuentra otra respuesta frente al crimen organizado que dejar en las calles al Ejército y la Guardia Nacional en tanto logran bajar los niveles de violencia e inseguridad y se mejoran las condiciones de las policías estatales y municipales.
Bajo esta premisa, el día de ayer en la Cámara de Senadores Morena y sus aliados (entre éstos una mayoría priista) consiguieron la mayoría calificada para modificar la Constitución en un artículo transitorio y extender hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en la Guardia Nacional. La votación quedó 87 votos a favor de Morena, PRI, PVEM, PRD, PT y PES, y 40 en contra del PAN, MC y Grupo Plural.
Las modificaciones que aceptó la bancada morenista con el evidente beneplácito del inquilino de Palacio Nacional incluyen establecer mecanismos parlamentarios de control a la actuación del Ejército y la Marina, de esa manera los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y Gobernación deberán rendir informes semestrales ante la comisión bicameral del Congreso, y el Senado evaluará la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública cuando analice los informes anuales sobre actividades de la Guardia Nacional que le envíe el Ejecutivo federal. Otra modificación es la creación de un fondo con recursos federales y estatales para fortalecer y profesionalizar a las policías.
El control parlamentario sobre las acciones del Ejército se dará por primera vez en la historia de nuestro país.
Lo dije líneas arriba, no estoy de acuerdo en el uso del Ejército en labores de seguridad interior. No es la mejor estrategia. Sin embargo, frente a las enormes carencias en los cuerpos policiacos me parece que hoy por hoy no queda otra opción. Incluso, gobernadoras y gobernadores no se han manifestado en contra de ello por la evidente imposibilidad en sus estados para enfrentar al crimen organizado. Desde luego, la nueva estrategia debería generar condiciones para que sean las policías y no los militares quienes se hagan cargo con éxito de la seguridad de los ciudadanos.
A querer o no, el gobierno federal se encuentra en una encrucijada verde olivo.
