Ante la situación de emergencia que viven los municipios metropolitanos en Guadalajara, rehenes de la empresa concesionaria de la recolección de basura y el que los alcaldes califican de mal servicio, presidentes municipales emanados de Movimiento Ciudadano y Morena, se han unido en un clamor: exigir el cumplimiento de las obligaciones plasmadas los contratos otorgados por sus antecesores a la compañía Caabsa Eagle y que hasta ahora, no han sido acatados.
Ya se requirió a la empresa estados financieros, archivos de materiales, mobiliario, vehículos, personal, bitácoras, rutas de recolección, contenedores, conflictos legales, su situación fiscal actual y un informe puntual de las acciones emprendidas ante el cierre del vertedero Los Laureles y en Matatlán.
Pablo Lemus Navarro, Presidente Municipal de Guadalajara, afirmó que los municipios deben prepararse a largo plazo con una solución metropolitana y una posibilidad, señaló, sería la creación de un Organismo Público Descentralizado (OPD).
Con el objetivo de asegurar que la empresa Caabsa Eagle brinde un servicio de recolección, traslado y disposición final de residuos digno, eficiente y de calidad, los alcaldes de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y El Salto dieron hoy a conocer la estrategia conjunta para exigir que dicha concesionaria cumpla con sus obligaciones contractuales en estos cuatro municipios.
Pablo Lemus Navarro, Presidente Municipal de Guadalajara, afirmó que los municipios deben prepararse a largo plazo con una solución metropolitana y una posibilidad, señaló, sería la creación de un Organismo Público Descentralizado (OPD).
“Desde nuestro particular punto de vista, algo que podría funcionar es que volviéramos a los servicios públicos y no concesionados, a través de una Organismo Público Descentralizado que diera los servicios de recolección, transferencia y disposición para los municipios que estamos aquí representados, y para todos aquellos que se quieran sumar (…) Celebro y agradezco a mis compañeros alcaldes que nos reunamos para encontrar estas soluciones que nos permitan darle mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos”, explicó Lemus Navarro.
De esta forma, el OPD contaría con los recursos necesarios para su operación a través de la aportación económica de los municipios participantes.
“Nos unimos para hablar de un tema importante, que es la gestión integral de los residuos. Estos cuatro municipios hoy, estamos emprendiendo acciones legales y acciones administrativas para exigir a la concesionaria que mejore el servicio, porque es la obligación contractual que tenemos hoy vigente (…) Si no puede Caabsa (Eagle) con el servicio, que se vaya”, aseveró Salvador Zamora Zamora, Alcalde de Tlajomulco de Zúñiga.
Ante el cierre del vertedero Los Laureles, alcaldes metropolitanos presentaron una propuesta al ejecutivo estatal para la disposición final de los residuos en un plazo de cinco años.
Para esto el Gobierno del Estado destinó 200 millones de pesos, esto es, 100 millones de pesos para el ejercicio 2022 y 100 millones de pesos más para 2023.
Este año se destinarán 70 millones de pesos para la construcción de nuevas celdas en el relleno sanitario Picachos, 15 millones de pesos para la planta de transferencia de La Cajilota, en Tlajomulco de Zúñiga, y 15 millones de pesos más para el tratamiento de la planta de transferencia de Matatlán en Tonalá.
El Alcalde Sergio Chávez Dávalos requirió que los 30 camiones recolectores, que destina la empresa concesionaria para la operación en esta demarcación, sean presentados físicamente y rotulados con el nombre del Municipio de Tonalá.
Esto, dijo, tiene por finalidad evitar que la empresa traslade camiones de un municipio a otro, cuando los contratos estipulan que son para operación exclusiva del municipio con el que se tiene la concesión.
Añadió que desde que asumió el cargo, la Administración que encabeza, se ha enfrentado ante las deficiencias del servicio que da esta concesionaria.
Como ejemplo, citó el uso de la planta de transferencia de Matatlán como un tiradero a cielo abierto, razón por la cual el gobierno tonalteca clausuró 90 por ciento del espacio.
“Las acciones que hoy realizamos en coordinación con Guadalajara, El Salto y Tlajomulco tienen como finalidad que Caabsa (Eagle) entregue la información a todos por igual y que nos permita exigir la presentación de un servicio adecuado. La empresa Caabsa (Eagle) se ha empeñado en convertirnos en sus adversarios, con deficiente servicio (y) con mentiras”, subrayó.
Ricardo Santillán Cortés, Alcalde de El Salto, agradeció a sus homólogos por el respaldo, la apertura y la voltundad para hacer un frente en común con el fin de establecer la mejor solución a esta problemática.
“En El Salto el problema de la basura no es muy diferente al que viven el resto de los municipios que integramos la Zona Metropolitana de Guadalajara. Al ser un problema metropolitano, se requiere de soluciones metropolitanas (…) Sin duda, se necesita tener altura de miras para poner siempre y preponderar el bienestar de las y los ciudadanos por encima de cualquier interés particular”, dijo.
Señaló que la empresa incumplió con sus obligaciones, como en su momento omitir información del tiempo útil que le quedaba al vertedero Los Laureles, fallas en la cobertura de las rutas por parte de las unidades recolectoras y la intención de subir el costo del servicio hasta 40 por ciento de lo estipulado en el contrato que se tiene con este municipio.
En el municipio de Guadalajara la concesión actual establecida con la empresa Caabsa Eagle termina en 2024.
