José Vega Talamantes *
No debería haber sorpresa en los resultados que arrojó el denominado SOBRE EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO INFORME PAÍS, 2020, elaborado por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, adscrito al Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
La conclusión final del informe es demoledora pero no podía esperarse otra cosa: el sistema anticorrupción no sólo no ha cumplido con el objetivo para el cual fue creado sino, además, es un modelo que, lo muy poco que tenía que dar, ya lo dio.
Desde luego, el informe se compone del análisis de miles de datos en los cuales, mayormente, los resultados son desoladores. Analizar cada uno de ellos es tarea que excede por mucho estas líneas semanales, pero es claro que el sistema parece no haber funcionado, con la necesidad de modificarlo en gran parte y, si acaso, recuperar muy poco.
En lo personal, me parece que los comentarios dirigidos a tratar de rescatar lo muy poco que ha funcionado del sistema anticorrupción, son más cargados de melancolía, que de una verdadera efectividad de eso que se dice que funcionó.
Pero en verdad, este resultado desolador no debería extrañarnos, pues a través de la reforma constitucional de mayo de 2015 se creó un sistema anticorrupción muy parecido al enfoque que se tiene cuando se acude a las urnas para votar por otra alternativa política distinta a la que gobierna.
Me refiero a que se constituyó un sistema basado, implícitamente, en la venganza, en el castigo al “corrupto”, al malhechor, a ese ente maligno que nos hace daño, a nosotros tan buenas personas, pero sin darnos un debido repaso a los ciudadanos que, de alguna manera, alimentamos cotidianamente a esos seres malignos que denominamos “corruptos”.
A veces lo hacemos sin darnos cuenta.
No estoy seguro de que la Constitución y las leyes que de ella emanen puedan tener como objeto, directa o indirectamente, confrontar a los ciudadanos para hacernos ver nuestra falta de probidad, cuando así sea el caso. Mucho menos con constituciones como las actuales, más basadas en principios que, cuando se ofrece, se pueden hacer de una elasticidad tremenda.
Pero sí es bastante cándido pensar que existen dos bandos claramente divididos: ese de los “corruptos”, malvados, infames y canallas, y el otro compuesto por quienes no rompen un plato. Y nada intermedio en ellos.
El sistema anticorrupción, justamente, no ha funcionado por esa visión maniquea desde su concepción: si esa férrea y a la vez noble labor de combatir la corrupción quedaría, por antonomasia, en ese bando de los buenos, pues resulta que ese bando no está compuesto de personas cien por ciento intachables. Por eso la falta de acción, el retraso de los asuntos de esa agenda, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, sin tener que ir muy lejos, es común que escuchemos que quienes se postulan para ocupar cargos en la estructura de estos sistemas anticorrupción ya cuentan con señalamientos desde que presentan su candidatura. En Jalisco, estado de donde salió el informe a que me refiero, se han dado varios casos de esos. Así que no hay que migrar a otro estado para tener un ejemplo de ello. Pero estoy prácticamente seguro de que eso se puede multiplicar por cuantos estados tiene México.
Otra cuestión que debería reflexionarse es, por ejemplo, si estos órganos que se dice que son eminentemente ciudadanos (como los institutos de transparencia, los comités de participación ciudadana, los consejos consultivos y otros), realmente representan a la ciudadanía en las decisiones colegiadas que toman y en su quehacer diario.
En realidad, nada impide que esos entes también respondan a una élite, aunque esa élite se autodenomine como ciudadana, lo cual deja en mera hipocresía esa etiqueta de “órganos ciudadanos” pues, finalmente, se comportan con el ciudadano de a pie con desprecio y sorna, al no formar parte de cierto grupo organizado (ya sea académico o de cualquier otro tipo) que les dé acceso a esta especie de semi dioses de la agenda ciudadana.
En tal sentido, la realidad es que este sistema anticorrupción no era lo que se necesitaba para combatir la corrupción en este país.
Vamos, hasta el nombre del “sistema anticorrupción” es desesperanzador: pareciera que, la razón de ser de ese sistema, era dejar que tomara partido la corrupción para luego combatirla. O sea, paradójicamente, para tener un sistema anticorrupción exitoso de acuerdo al modelo actual, parece que desde su denominación es necesario que la corrupción siga teniendo protagonismo.
Así, pudiera decirse que el fracaso está más allá de la falta de castigo: en realidad, está en la prevención.
Quizá, en lugar de rescatarse lo “poco que ha funcionado” del sistema anticorrupción, deba demolerse hasta que no quede piedra sobre piedra que no sea derribada.
Pero, entonces, ¿quién se encargará de volver a edificar un nuevo modelo?
Presiento que, si son los mismos, la historia de fracaso se puede escribir desde antes de que exista ese nuevo modelo.
* Licenciado en derecho y maestro en transparencia y protección de datos personales.
