A 30 años de las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, no se ha cumplido con la reparación integral de los daños bajo los estándares del derecho internacional ante situaciones de graves afectaciones a los derechos humanos.
Así lo señaló la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en un pronunciamiento titulado: por los derechos a la verdad y a la justicia; en voz de Melina Gil Meza, integrante del área de atención a periodistas y personas defensoras de derechos humanos del organismo.
Recuerdan que la mañana del día 22, una serie de explosiones provocaron, según cifras oficiales, la muerte de 212 personas y la desaparición de 69; fueron destruidos 8 kilómetros de calles y dañadas 1,142 viviendas, 450 comercios, 100 escuelas y 600 vehículos.
“El suceso rebasó la respuesta del Estado mexicano. Las personas rescataron de entre los escombros a sus propias familias, a vecinas, vecinos, amistades. El siguiente paso fue la exigencia de justicia”, señaló Melina Gil.
El 11 de diciembre del año 2000, la CEDHJ emitió la Recomendación 16/2000 por las violaciones del derecho a la verdad, a la protección de la salud y a la impartición de justicia, derivadas del caso. 20 años después, el 19 de abril de 2020 la CEDHJ publicó el “Informe Especial Caso 22 de Abril”, con el objeto de que se garantizara la reparación integral del daño a las víctimas y se conformara una comisión de la verdad, integrada por sociedad civil, academia, gobierno y, sobre todo, en la que las afectadas y los afectados tuvieran una voz protagónica.
A 30 años nada de eso se ha cumplido.
“Al paso de las décadas, las personas afectadas por las explosiones del 22 de abril han denunciado las complicaciones para el acceso a atención médica, exclusión de la incorporación del Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (FIASS), imposición de determinaciones institucionales y una deuda en relación al esclarecimiento legítimo de los acontecimientos”, explican
Este organismo constitucional autónomo considera altamente relevante que se refuerce la atención y reparación integral del daño a las personas afectadas por el caso 22 de abril. Más aún cuando, a la luz de la reforma constitucional de junio de 2011, el Estado mexicano tiene las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
“Ante una deuda histórica que el Estado mexicano mantiene hacia las víctimas de las explosiones del 22 de abril de 1992, esta CEDHJ reitera la solicitud para que las autoridades del estado de Jalisco, particularmente quienes integran los poderes Legislativo y Ejecutivo, atiendan lo establecido por esta defensoría en el “Informe Especial Caso 22 de abril”, concluyen.
