Paul Alcántar*

Twitter: @paulalcantar

Sin mucha sorpresa la noche del domingo 17 de abril, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el dictamen de la reforma a la Ley Eléctrica, propuesta original del Ejecutivo. Sin duda la alianza del PRI, el PAN y el PRD ganó una batalla capitalizable, sin embargo las primeras lecturas del resultado legislativo podría más allá del aparente triunfo político que el bloque opositor ha presumido en las horas recientes.

El presidente de México desistió de la reforma eléctrica porque éstas violaban los acuerdos sustanciales al tratado de libre comercio, con los Estados Unidos y Canadá. Hasta el pasado mes de febrero Andrés Manuel López Obrador seguía convencido de que una reforma a la ley le regresaría a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la exclusividad para generar y distribuir la energía eléctrica, tanto para el consumo del hogar como para las unidades de producción. El compromiso político de López Obrador de regresarle “soberanía” a la paraestatal, implicaba un movimiento de gran magnitud constitucional, que requería por lo menos de 333 votos; votos que ya no tuvo garantizados en la actual legislatura.

Simultáneamente, sin dejar de lado la aritmética, es conocido que desde marzo López Obrador recibió múltiples llamadas y visitas de alto nivel de los socios comerciales de norteamérica, particularmente de la administración de Joe Biden, quienes manifestaron su “preocupación” por la propuesta enviada a la cámara baja. La visita del enviado especial de la Casa Blanca, John Kerry, y la constante comunicación entre el Palacio Nacional -no con la cancillería- con el embajador de Estados Unidos en México, marcó un viraje de la propuesta presidencial. A lo anterior hay qué sumarle las dos llamadas que Justin Trudeu, Primer Ministro canadiense, realizó la semana previa a la discusión en la cámara de diputados; quien también se había manifestado en contra de la iniciativa obradorista.

Bajo estos escenarios es que López Obrador decidió dejar morir la reforma, muy a pesar de él. Se notó en la disminución de la presión que el presidente ejerció sobre el PRI, a tal grado de dejarle cancha abierta para que su dirigente nacional, Alito Moreno, elevase el costo político no sólo hacia Palacio Nacional sino a sus aliados institucionales del frente Va Por México; con miras en las seis elecciones estatales que están en juego para este año. Ello explica por qué el PRI tardó en definir su postura en contra de la iniciativa presidencial y en endurecer su discurso a favor de la oposición.

La derrota asumida por el ejecutivo debía llevarse a otra cancha, fue por ello que en lugar de retirar la iniciativa se prefirió llevar la discusión al legislativo, y darle a su proyecto y a la oposición una fuga de presión política. Los resultados son palpables: al bloque opositor le da un evidente respiro -que ahora sumó a Movimiento Ciudadano- para sentar un precedente que los ayude a perfilar una candidatura en común para el 2024: y a MORENA y sus aliados, le regala un combustible muy importante para mantener a sus huestes con la propuesta de nacionalización del manejo y extracción del litio que no requiere de votación calificada sino de mayoría simple.

MORENA podrá cubrir la frustración de no cumplir con el mantenimiento de la soberanía energética y la oposición tendrá una nueva oportunidad para plantear una plataforma única.

El triunfalismo ha llegado a dar un respiro a la adversidad de la 4T; tanto así que hay quien se ha lanzado a afirmar que hay un declive sustancial del poder lopezobradorista. Lo que vimos anoche fue un procedimiento de contrapesos numérico que no se había visto en lo que va de este sexenio. López Obrador no ganó porque la oposición esté cohesionada, sino que desde la casa presidencial se eligió no abrir un frente con los socios del T-MEC, una resolución que seguro al presidente no le gustó en lo más mínimo.

*Profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara.