La razón de existencia de los Tribunales en el mundo entero es generar equilibrio: equilibrio entre particulares; equilibrio entre autoridades, y equilibrio entre particulares y autoridades. Lo que día con día realizan los juzgadores del país en términos simples se traduce en eso. Ahora, no obstante que esa es su razón de ser, no debemos pensar que entonces todos los días deban generarse conflictos en la comprensión de los derechos para justificar la existencia y sostenimiento de los Tribunales, pues las sentencias que poco a poco se dictan generan una comprensión de lo que es idóneo y lo que no, con la finalidad de que se proyecte hacia el futuro un estado espontáneo de cumplimiento de lo que debe y no debe ser.
Y le comento esto estimada o estimado lector, porque en recientes días los diarios de nuestro Estado han cubierto la riestra de resoluciones emitidas por los Tribunales Federales de nuestro país, que han derribado y de un soplido muchos de los más criticados proyectos lanzados desde el Ejecutivo del Estado y avalados por el Congreso del Estado de Jalisco. Desde el súper inconstitucional control de confianza para impartidores de justicia, pasando por la hiperinconstitucional convocatoria para elección extraordinaria de San Pedro Tlaquepaque, la imprudente reforma de reducción a las pensiones mal llamadas “doradas” y hasta la agraviante decisión de negar la entrega a la Universidad de Guadalajara de ciertas cantidades de dinero ya presupuestadas, todas y cada una de ellas han sido objeto de algún mecanismo de escrutinio ante los Tribunales, algunas ya siendo resueltas en fondo como irregulares y otras siendo suspendidas al reunirse los elementos para considerar en un asomo provisional de esos actos, que los mismos son inconstitucionales. Y digo de un soplido porque todos esos proyectos, reformas, planes, decisiones, decretos, actos pues, han sido abiertamente contrarios a lo que han dicho de forma constante y consistente los Tribunales de la Federación.
Pareciera que el partido que se encuentra en el poder en nuestro Estado, piensa que el ejercicio del Poder Constitucional que le corresponde a las entidades a las cuales personifican, es un acto de fuerza, cuando en realidad el ejercicio de ese poder debe llevarse a cabo de forma responsable y democrática, respetando los marcos que establece nuestra Constitución General, cuyo contenido y alcance, es de mayor relevancia que sus propios intereses.
Es aquí en donde me detengo un poco a señalar que todo podría partir de una compresión muy equivocada sobre el concepto de soberanía, pues constantemente lo invocan y estoy seguro, de que lo hacen sin mínimamente entender si eso se come con tenedor o con cuchara. Desde luego que no es un concepto unívoco y a veces resulta hasta problemático; pero lo que no es problemático y es hasta exageradamente claro, es que la soberanía que puede ejercerse desde Jalisco, bajo ninguna circunstancia puede infringir los avances y logros históricos, sociales, antropológicos, políticos y jurídicos que hemos podido consumar, poco a poco, y que se contienen en ese documento al que nos introducen desde la educación preescolar en los festivales del 5 de febrero: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Quizás el Gobernador y el Congreso de Jalisco realizan su propia interpretación de todo lo que se contiene en ese documento y en general, en los instrumentos jurídicos que existen en el Estado, y esto no necesariamente es algo irregular. Pero lo que si es cuestionable y un acto antidemocrático, es desconocer la interpretación que realizan de todo el ordenamiento jurídico los Tribunales del país, a quienes, por principios constitucionales fundamentados en la historia y la doctrina Universal, les corresponde la facultad de poder emitir la última decisión sobre qué debe entenderse acerca del derecho.
Lo único que se demuestra con este vaivén de procesos ante los Tribunales, es que existen problemas de carácter estructural al interior de estas entidades: me refiero al Congreso de Jalisco y al Ejecutivo Estatal. Y es que constantemente vuelven las mismas causas al conocimiento de los Tribunales, no obstante que ya hay cuestiones jurídicas bien definidas. Esto es una especie de uróboros, pues los Tribunales definen que determinado acto o determinada comprensión realizada por estos poderes es contraria a la Constitución, y luego ellos vuelven a cometer actos similares, iguales o análogos. Y entonces todo vuelve al punto en donde comenzó.
Imagine Usted entonces, que para que se respeten los derechos y todo eso que tenemos en nuestra Constitución, se debe estar compareciendo una y otra, y otra, y otra vez a los Tribunales. Ahora imagine Usted que los Tribunales reciben una, y otra, y otra, y otra vez las mismas causas, y resuelven lo mismo una, y otra, y otra, y otra vez. Eso también contribuye a que los Tribunales se encuentren rezagados y dedicando tiempo a resolver temas que ya han sido definidos en múltiples ocasiones.
Problemas estructurales requieren sentencias estructurales. Si el Congreso de Jalisco y el Ejecutivo Estatal no han podido remediarlos, llegará el día en que nuestros Jueces se vean convocados a asumir menuda tarea, y tengan que emitir sentencias que logren impedir este juego tramposo del poder constitucional. Le anticipo que cuando eso suceda (que yo confió en que así será), los primeros en salir a criticar a los impartidores de justicia en comunicados y tweets serán las mismas caras que actualmente lo hacen. Prefieren criticar a quienes señalan sus errores, que ejercer una autocrítica y remediar lo necesario para evitar lo vergonzoso de asumir que se hizo algo abiertamente contrario a la Constitución.
Para terminar, considero prudente señalar que recular en una postura cuando nítidamente es incorrecta, no es una derrota sino un acto de congruencia. Y sí, queremos que los políticos que se encuentran ejerciendo cargos sean congruentes. No congruentes consigo mismos, sino congruentes con los principios que nos dan identidad.
