Por tratarse de una imposición que violenta los derechos humanos de las y los mexicanos, además de contravenir tratados internacionales signados en la materia, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se manifestó en contra del dictamen de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y adicciones; asimismo presentó una modificación al mismo, la cual fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados.
La coordinadora de las y los Diputados Ciudadanos, Fabiola Loya, reiteró el rechazo a esta propuesta de la Comisión de Salud y alertó la necesidad de procurar una atención integral para la salud mental de las personas:
“Es claro el sesgo que existe en las definiciones de este dictamen, en él está plasmado un enfoque psiquiátrico y no un enfoque de derechos humanos. En lugar de poner por delante los derechos de las personas, ha dado un peso significativo a un enfoque psiquiátrico en el que las conductas constituyen un trastorno mental”, agregó.
Fabiola Loya añadió que pese a que los problemas vinculados con padecimientos de salud mental en nuestro país, han ido en aumento, en el Presupuesto 2021, se asignaron mil 515 millones de pesos a dicho fin, lo que sólo representa el .2% destinado a salud.
“Esta reforma ofrece más riesgos que certidumbres. Las organizaciones han hecho énfasis en que es urgente una atención integral que ponga por delante a los derechos de las personas”, destacó Fabiola Loya.
El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano impulsó una reserva para acotar el tema de las adicciones a la prevención, de manera que no sean consideradas como un problema de salud mental y para privilegiar el consentimiento de las y los pacientes, garantizando que conozcan de manera previa, el tratamiento que recibirán.
La modificación establece que personal de salud mental, públicos o privados, está obligado a comunicar a la persona de manera accesible y oportuna, la información completa, objetivos, beneficios y posibles riesgos, así como alternativas de un determinado tratamiento, para asegurar que los servicios se proporcionen sobre la base del consentimiento libre e informado y que el paciente o usuario de los servicios de salud mental tenga el derecho a aceptar o rechazar su tratamiento.
Gracias a la reserva impulsada por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se lograron cambios sustanciales en la votación en lo particular del dictamen, con lo que se fortaleció la minuta enviada al Senado, privilegiando los derechos humanos de las y los mexicanos.
En el actual contexto de la pandemia, la atención de salud mental representa un gran reto, no solamente para las y los pacientes, sino también para reestructurar los servicios en esta materia. Las políticas de salud deben partir de un nuevo paradigma y aplicarse de manera urgente ante esta coyuntura.
