A pesar de que vivimos en un país donde aproximadamente 40 millones de personas carecen de acceso a internet, prácticamente todos los demás usan Facebook (80 millones), 30 millones YouTube, 24 millones Instagram y cerca de 9.4 millones de usuarios están activos en Twitter, lo que ha convertido a las redes sociales en el epicentro del debate público, desplazando, en gran medida al tradicional cuarto poder: la prensa.
Estas plataformas digitales han revolucionado la conexión e interacción entre personas, desvaneciendo fronteras sociales y geográficas y derribando los muros construidos para moldear la opinión pública al permitir el acceso a todo por todos.
Así, a pesar de las oportunidades que esto pudiera suponer para la consolidación de una cultura más democrática e informada, también conlleva graves riesgos como la desinformación, potencialización de discursos de odio y el uso indebido de nuestros datos personales. Situaciones como el caso de Cambridge Analytica nos hacen temblar y mostrarnos un poco más reticentes o, al menos, prudentes.
Aunque existe una polémica más reciente: las restricciones en redes sociales con motivo de violaciones a sus políticas de uso. Si bien estas eran cada vez más frecuentes, la suspensión de las cuentas de Donald Trump de Twitter, Facebook y YouTube a raíz del asalto al Capitolio de Washington, así como su rol en la incitación de disturbios, han obligado a una urgente reflexión sobre las nuevas definiciones de la libertad de expresión y la censura en las redes sociales.
Estamos en un escenario donde los gigantes de la tecnología fijan libremente las reglas que ellos mismos aplicarán para moderar el debate y uso de sus plataformas, donde consuetudinariamente se comparten ideas e información.
Ante este fenómeno la normatividad vigente en materia de libertad de expresión se ve rebasada, pues esta se concibió como un mecanismo para evitar censuras a priori por parte del Estado, sin embargo, las corrientes más modernas nos plantean la posibilidad de protección frente a la censura por entes privados cuando impliquen consecuencias similares a la censura estatal.
De esta manera nuestra reflexión debe partir precisamente sobre las consecuencias de la censura en las redes y los mecanismos previstos por estas para evitar decisiones que pudieran implicar un riesgo al derecho humano de expresión libre, considerando de manera objetiva y adecuada las restricciones que este enfrenta, tales como el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.
En este contexto y ante la errada consigna de muchos congresistas para legislar “al vapor”, el senador de Morena Ricardo Monreal presentó una iniciativa que ha sido objeto de una dura crítica.
Su propósito es reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuente con facultades para analizar y resolver en forma definitiva sobre la suspensión y eliminación de cuentas en redes sociales; aunque en realidad sus alcances son mucho mayores, al establecer una barrera de ingreso al ciberespacio para las redes sociales que se consideren “relevantes”, obligándolos a un registro previo ante el organismo que actualmente goza de autonomía constitucional.
No existe duda que los usuarios de las redes necesitamos mayores protecciones y transparencia sobre cómo se adoptan las decisiones sobre restricciones y eliminaciones de contenido o cuentas, qué criterios obedecen y qué instancias existen para realizar una eventual reclamación.
Pero la iniciativa aborda terreno pantanoso y el caldo podría salir más caro que las albóndigas de aprobarse la propuesta. ¿Por qué? Pues a pesar de que la intención parezca loable, genera condiciones para un Estado autoritario, cuyas atribuciones puedan ejercerse para mantener el poder al amparo de un uso faccioso de las redes sociales, tal como se realizó durante siglos con los medios de comunicación tradicionales.
Mayor suspicacia genera al haberse presentado a la par que el presidente López Obrador haya manifestado su intención de desaparecer el IFT, señalando que las atribuciones de este organismo serían asumidas directamente por el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Dentro de esta discusión no podrá dejar de considerarse si el problema es realmente la posibilidad de censura o la relevancia y magnitud de determinadas plataformas digitales que han monopolizado los espacios que por antonomasia utilizamos para informarnos y expresar opiniones. Así, puede ser que más allá de regular contenidos o acceso de usuarios, debamos enfocarnos en aspectos relacionados con la competencia económica y los efectos de su dominancia social.
La Cuatro Té debe ser precisa y efectuar una operación quirúrgica, con respuestas legales oportunas para la nueva realidad social, pero también justas y adecuadas, evitando la sobrerregulación y el abuso normativo con un propósito autoritario.
Twitter: @hecromg
