No son pocos los aplaudidores del actual régimen de poder (no de gobierno) que tuvieron que tragarse sus palabras, en cuanto se difundió la noticia acerca de la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR), por cuanto al no ejercicio de la acción penal contra Salvador Cienfuegos.
Aun cuando lo anterior era bastante previsible, no faltaron los ilusos que pensarían que en México “sí se haría justicia” en contra del poderoso militar en retiro.
Lógicamente, esa narrativa abonaba a sostener lo inmaculado del actual régimen y la vergonzosa descomposición de los anteriores gobiernos.
Aclaremos: una cosa hubiese sido que el actual gobierno llevara a prisión al ex secretario y otra muy diferente que se hiciera justicia. No confundamos. La primera no necesariamente hubiera sido consecuencia de la segunda. Pero resultó que ni las manos metió la Fiscalía.
Luego de la detención del general, fueron diversos los enfoques de los análisis que se hicieron, derivado del alto perfil del protagonista. No era para menos: Cienfuegos fue y sigue siendo el militar mexicano de mayor rango que haya sido arrestado por narcotráfico.
Varias de esas opiniones coincidieron en el sentido de poner en duda las acusaciones que se imputaron al citado general. Algunas de ellas por razones tan básicas como la poca probabilidad de que el general fuese quien, de propia mano, mantuviera el contacto con el grupo delictivo al cual se le ligó a través de un dispositivo Blackberry.
Algunas otras opiniones se enfocaron en una trama sostenida en una fuerte presión que la milicia mexicana ejerció para traer de vuelta a Cienfuegos, con el fin de que no se le procesara en Estados Unidos. Si esta última fue la razón cardinal, entonces, el Ejército Mexicano consiguió mucho más de lo que exigió.
Lo anterior lo rescato porque la decisión de no ejercitar acción penal contra Cienfuegos, aunado a lo polémica que es de por sí, llega en un
momento nada sencillo para los organismos dotados de autonomía, dentro de los cuales se encuentra la propia FGR.
Hace algunas semanas, en esta columna, un servidor hacía la distinción entre lo que implica que un organismo cuente en el texto constitucional y legal con atributos como la autonomía, imparcialidad e independencia, y las acciones que deban desplegar quienes son titulares de esos organismos para garantizar que esos atributos sean una realidad en la actividad cotidiana del organismo.
Curiosamente, la FGR no ha sido incluida, al menos expresamente, dentro de los ataques presidenciales que se han acentuado en últimos días en contra de las instituciones autónomas.
Por vía de exclusión, si el ataque se ha enderezado hacia esas instituciones porque son “caras” y porque “no sirven para nada”, entonces, vale la pena preguntar en sentido contrario: ¿la FGR nos sale barata y sí sirve para mucho?
Estoy seguro de que el asunto no se trata de la FGR, sino de su titular.
Si esa persona, conjuntamente con los servidores públicos a su cargo, no despliegan su actuar de manera que la institución cumpla con el monopolio de la acción penal con el atributo de autonomía, como mexicanos seguiremos pasando vergüenzas como la que ha sido provocada después de tanto escándalo que desató la detención de Cienfuegos, para que la institución terminara otorgándole un perdón tácito.
Para ser un verdadero Fiscal General de la República no sólo se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso.
Esos son sólo requisitos de elegibilidad. Se requiere, además, ejercer con autonomía las atribuciones que le han sido encomendadas.
No andaba mal el canciller Ebrard cuando sostuvo que sería “casi suicida no hacer nada en el caso Cienfuegos”. Sin embargo, en México, lo que debería ser el fin en la carrera de un funcionario de alto nivel, a veces refrenda su continuidad en el cargo.
