Si hemos estado al pendiente del debate público no podemos ignorar algo que ha orbitado en el centro de las conversaciones. Las declaraciones del presidente contra los organismos autónomos constitucionales, siendo más específica, el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales).
Hablando sinceramente, es una discusión que no permea más que en el círculo rojo del debate político y en ciertos grupos de personas que tienen la capacidad de mantenerse al tanto de lo que ocurre, pero eso no le quita su peligrosidad.
Los organismos constitucionales autónomos no son creados por un berrinche de alguien, o a raíz de una ocurrencia que fue demasiado lejos. Son conquistas de derechos y de la democracia, que buscan proteger a los mismos del contexto que ocurra en la actualidad, así como del poder político y económico, sea cual sea el que se encuentre en turno.
Las diversas críticas que particularmente el Instituto Nacional de Acceso a la Información ha recibido por parte de Andrés Manuel y personas de su gabinete (Manuel Bartlett por ejemplo) son símbolo no sólo de una ignorancia a su funcionamiento (que desconozco si es intencional o no) sino de un hambre profunda de quitar del camino piedras incómodas en el zapato.
Estas piedras incómodas son las instituciones, bases necesarias para una democracia sana. A lo largo de la vida política de México, diversos partidos políticos y personas han pasado por la silla presidencial y por el gabinete encargado de dirigir al país, cada 6 años se van, y puede que regresen, como puede que no. Lo que trato de decir es que la administración y las personas a cargo de ella son temporales, son pasajeras. Sabemos que el servicio público no está diseñado para ser un trabajo de toda la vida. Lo que permanece es lo que se construye, son las instituciones que nacen, o que se fortalecen. Es el patrimonio que los gobiernos dejan a nosotras, las personas, después de gobernar gracias a nuestro voto, y con ayuda del presupuesto que aportamos con nuestros impuestos.
El entender el ejercicio del servicio público como algo temporal y como lo que es, un servicio, nos obliga a entender que lo que perdura es el trabajo que hagamos, materializado en las instituciones funcionales, eficaces, y humanas que perduren sin importar la administración en turno.
Los organismos constitucionales autónomos son diferentes a la Administración Pública Federal e independientes a los 3 poderes del Estado en un esfuerzo por preservar su autonomía ante el paso de cualquier administración, así como su correcto funcionamiento, sin tener que responderle a un superior o actuar sin miedo al castigo en el presupuesto del siguiente año.
La propuesta de desaparecer el INAI, así como otros organismos, y proponer que sus funciones sean absorbidas por áreas de la Administración Pública Federal bajo la excusa de la “austeridad” es sumamente peligroso (además de inocente, si el objetivo es conseguir más ingresos para el Estado, una reforma a los impuestos progresiva sigue esperando su realización). La descentralización del poder ha sido un camino difícil a lo largo de la vida del país, un camino por el que nos queda muchos pasos que dar.
Hablando desde mi percepción como estudiante universitaria, he hecho incontables trabajos apoyándome de solicitudes de información pública a sujetos obligados. En diversas ocasiones he necesitado de recursos de revisión a mi instituto de transparencia local (ITEI) ante la negativa de información de las dependencias de gobierno que se supone deben garantizarla.
El entender que la información es un recurso público, que nos pertenece a todas y todos, debe ser la principal razón para motivarnos a defender a las instituciones que garantizan este derecho, que el Poder Ejecutivo absorbiera dichas funciones sólo nos volvería a encaminar a la opacidad y al ejercicio de preguntar si “por favor” puedes entregar la información que es mía y es de todxs.
No dudo en ningún momento que el INAI pueda mejorar, las instituciones, así como cualquier obra de las personas, es perfectible, siempre lo será. Aquí la discusión es cómo la reparamos, cómo garantizamos su autonomía, y cómo dejamos después de esta administración instituciones fuertes que no puedan doblegarse ante el poder político.
Porque, aún pensando de manera positiva, y suponiendo que el gobierno del actual presidente entregaría toda la información que se le pide por parte de la población (¿qué creen? No lo hace), sin necesidad de un Instituto que le ordene que lo haga; ¿qué nos garantiza que las próximas administraciones, de otros partidos políticos, con otras personas, tengan la misma “buena intención”?, ¿que sean igual de “buena onda”?
El confiarnos en los valores de las personas y sus buenas actitudes no asegura nada, el servicio público requiere de mecanismos de acción e instituciones fuertes que garanticen que las cosas se cumplan, así se blinda una democracia y se protege el patrimonio de todas y todos.
