Mientras escribo esta colaboración está por tomarse una de las decisiones más relevantes que corresponden al Congreso de Jalisco: la aprobación del Presupuesto de Egresos del estado.
Además de la hechura de leyes, el Poder Legislativo cuenta con mecanismos institucionales para fungir como contrapeso del Poder Ejecutivo, estableciendo el marco rector que regule su actividad financiera mediante la aprobación de la Ley de Ingresos, la aprobación presupuestal donde se determina a dónde y quién gastará los recursos que se obtengan y la posterior fiscalización del gasto público.
Esto se conoce como el poder de la bolsa, por lo cual la actuación del Poder Ejecutivo se encontrará tasada a aquellas actividades y en la medida que fijen los diputados.
De ahí que el dinero que se determina orientar a una u otra cosa representa la posibilidad de que se materialicen los objetivos de un gobierno, desde salud hasta infraestructura. Por ello, probablemente el Presupuesto es la decisión de carácter política más relevante de una legislatura, al ejercerse anualmente. La regla de oro es que quien pone el oro pone la regla.
Para el próximo 2021, considerando las disminuciones que se reflejaron en el gasto federalizado, el gobernador del estado solicitó la autorización de un presupuesto de 124 mil 250 millones de pesos, lo que supera la cifra autorizada para el ejercicio anterior en términos nominales, sin embargo, considerando la inflación tenemos que se trata de una cifra menor.
Es importante considerar que el debate presupuestal se presenta en un contexto de tensión política, donde las fracciones parlamentarias encuentran sus intereses en colisión ante las próximas designaciones de magistrados y consejero de la judicatura, así como en un momento de fricción con motivo de la tendencia separatista del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
No obstante, la propuesta del gobernador parece que será aprobada sin problemas por la cámara local, aunque la decisión del Congreso es compleja, por lo cual los diputados deberán considerar los avances en el cumplimiento de indicadores y sobre todo el impacto que están teniendo cada uno de los programas públicos en beneficio de la sociedad. Ello, además de ponderar las necesidades y contingencias que puedan surgir el próximo año para aplanar la curva mientras es posible aplicar la vacuna de Covid-19.
En el proyecto de Presupuesto que se discute se presenta una equivalencia en la gran mayoría de las instituciones respecto del ejercicio anterior, con excepción del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, cuyo presupuesto incrementa sustancialmente por tratarse de un año electoral. Por su parte, de lo discutido hasta este momento, los únicos órganos autónomos que sufren una disminución en términos nominales serán el ITEI y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aunque en cifras reales (contrastadas ajustando la inflación) prácticamente todos los entes enfrentarán una disminución presupuestal, al menos, marginal.
Por lo que hace al destino del gasto, el rubro que refleja el mayor incremento es el de inversión pública con un aumento nominal de 12.83%, representando más del 3% del total del gasto presupuestado para el próximo año. Si bien debe celebrarse el incremento en virtud de que su propósito es lograr la reactivación económica de la entidad, la cifra contrasta con el 17% que representan los servicios personales.
A pesar de que la propuesta se aprueba sin mayores cambios respecto de la iniciativa planteada por el gobernador, la entidad tiene un enorme reto en ciernes, considerando que recibirá menos recursos federales y no se contempla la creación de nuevos impuestos, lo cual se traduce en la necesidad de endurecer sus políticas recaudatorias para asegurar la captación de recursos suficientes para el ejercicio del presupuesto.
Así, frente al panorama financiero de incertidumbre para el ejercicio 2021, el federalismo fiscal que es exigido por el gobernador amerita un ejercicio del gasto eficiente, con mayor disciplina y responsabilidad hacendaria y social, así como la proactividad fiscal de las autoridades recaudatorias municipales y estatal, con miras a asegurar la autonomía financiera.
