La poco probable sorpresa desagradable de la que le hablé en mi entrega de la semana pasada terminó haciéndose realidad: el pasado jueves fue rechazado el proyecto presentado por el Ministro Luis María Aguilar Morales, en el que proponía declarar la inconstitucionalidad de la consulta para entablar juicio a ex presidentes.
En ese sentido, se aprobó dar luz verde a dicha consulta, pero con una gran variación en la pregunta que se formularía, de tal manera que, además de revisar la constitucionalidad de la consulta, la Suprema Corte ejerció la facultad de modificación que le confiere el inciso b) de la fracción II del artículo 26 de la Ley Federal de Consulta Popular.
Como suele suceder, existen también opiniones de contraste que califican de plausible el fallo, y llegan al extremo de decir que el Ejecutivo Federal sufrió una derrota a manos de la Corte, pero con apariencia de victoria.
Quienes se encuentran en ese grupo analizan el asunto desde un punto de vista preponderantemente político, más que jurídico.
Justamente ese es el sinsentido: el asunto llegó a la Corte para calificar su constitucionalidad y, por consecuencia, su juridicidad, no para encontrarle un cauce político.
Por esa razón y ya tomada la decisión definitiva, en esta columna quisiera compartirle las declaraciones que, en mi concepto, marcaron la postura de cada uno de los Ministros, lo cual extraje de la versión taquigráfica de la sesión respectiva:
Luis María Aguilar Morales (en contra de la consulta): “…en este caso, la tarea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene nada que ver con decidir si debe investigarse o no a los expresidentes de México por los delitos que supuestamente cometieron antes, durante y después de su gestión…”.
Arturo Zaldívar Lelo De Larrea (a favor de la consulta): “… es falso que la consulta implique una exposición mediática estigmatizante y, por tanto, que pueda generar un efecto corruptor en las eventuales investigaciones que se realicen…”.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (a favor de la consulta): “Tampoco considero que la pregunta tenga un elemento de política criminal”.
Ana Margarita Ríos Farjat (a favor de la consulta): “En lo personal, me basta saber que la pregunta podría admitir modificaciones para, entonces, explorar alternativas viables que sean acordes al derecho
humano en juego.”.
Yasmín Esquivel Mossa (a favor de la consulta): “…considero necesario señalar algo que me parece importante, respecto del compromiso que asumimos todos los servidores públicos al desempeñar cualquier tipo de gestión gubernamental y aún después de que concluimos nuestro encargo … y que consiste en la aceptación voluntaria a un escrutinio colectivo más exigente del que tendrían otras personas del sector privado.”.
Alberto Pérez Dayán (a favor de la consulta): “Concluyo mi intervención, entonces, expresando que la materia de la consulta sí es viable, todo ello con absoluta independencia de que, en el terreno estrictamente subjetivo y con el debido respeto para todos, me parezca ociosa e innecesaria desde el punto de vista constitucional.”.
Juan Luis González Alcántara Carrancá (a favor de la consulta): “En este sentido, dado el rol –el doble rol– que considero tiene este Tribunal Pleno en este tipo de procedimientos, lo que propongo respetuosamente es una conceptualización distinta del objeto de la consulta de acuerdo con su mejor interpretación desde el punto de vista de la Constitución y el respeto a los derechos humanos.”.
Jorge Mario Pardo Rebolledo (en contra de la consulta): “…Partiendo de esa base, me parece que la única posibilidad para poder consultar a la ciudadanía si hay la posibilidad de que no se investiguen y no se persiga ese delito, esos delitos o esos presuntos delitos es la figura constitucional que tenemos prevista en relación con la amnistía, y está prevista como una facultad del Congreso de la
Unión.”.
Javier Laynez Potisek (en contra de la consulta): “Señoras Ministras, señores Ministros, yo sé que esta no es una decisión fácil y que sé que posiciones como la mía no son populares, es muy probable que una decisión de esta naturaleza, si permaneciera el apoyo al proyecto, no sea apoyada por la mayoría de la población mexicana; sin embargo, los jueces constitucionales no somos nombrados para ser o para ganar popularidad…”.
José Fernando Franco González Salas (en contra de la consulta): “No debe perderse de vista que lo que estamos juzgando ahora es la materia de la consulta que se formuló, esto quiere decir que —en mi opinión— debe analizarse a la luz de la expresión textual que contiene y no de su interpretación.”.
Norma Lucía Piña Hernández (en contra de la consulta): “… mi responsabilidad, hoy, es verificar si la pregunta en cuestión viola la Constitución. Mi obligación constitucional es votar sin perseguir otro objetivo que el cumplir con mi deber. Mi responsabilidad como Ministra de la Suprema Corte es no ceder a más presiones que las que provienen exclusivamente del cumplimiento de mi mandato como jueza constitucional.”.
* El autor es licenciado en derecho y maestro en transparencia y protección de datos
personales. Actualmente se desempeña en el Poder Judicial de la Federación. Ha sido
Director de Colaboración y Programas Interinstitucionales con las Entidades
Federativas en el INAI y Director de Enlace Legislativo en SETEC, entre otros cargos.
