Dicen que entre gitanos no nos leemos la mano.
Me sorprende mucho la gran polémica que se ha dado por la iniciativa del Presidente López Obrador para que el pueblo pidiera una consulta ciudadana para abrir procesos judiciales contra los ex presidentes de México.
Y digo que me sorprende porque no debería asombrarnos el tema. Cuando era candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador planteó que se promovería una consulta popular para enjuiciar a los ex mandatarios.
Dijo también que su fuerte no era la venganza pero que si la gente lo pedía, se podrían juzgar a quienes gobernaron a México durante las últimas tres décadas.
Pero este tema lo ha manifestado desde la campaña. Además, me resulta difícil entender porqué si este presidente llegó al poder justamente por el hartazgo social a tanta corrupción — ya sea que haya sido ejercida o permitida por expresidentes — haya tanta division en torno al tema de abrir procesos contra ellos.
El argumento que se ha dado es que no es necesario que exista una consulta con resultado vinculante para que se abran carpetas de investigación contra ex presidentes, pero tampoco creo que esté demás la consulta para robustecer la legitimidad de una situación así.
Juzgar a uno o varios expresidentes, significaría una ruptura política y un desequilibrio político sin precedentes en nuestro país. Y López Obrador lo sabe, es lo sabe y es por ello que no se atreve a aventarse el tiro solo, si lo ponemos en términos coloquiales.
Ea cierto que hubo una baja participación en esta fase de recolección de firmas para que se lleve a cabo la consulta, pero es importante recalcar que esta fase no fue la consulta. No hay qué confundirnos.
Yo estoy seguro que muchos millones de mexicanos quieren juicio vs expresidentes pero por apatía, por la pandemia o por falta de tiempo no acudieron a firmar en esta primera fase.
La consulta debe ir y será ahí donde la gente decidirá si enjuicia a los expresidentes.
Por ello, independiente de que sea el presidente quien solicite la consulta, esta debe ser legítima y realizada por el INE para que no sea una vacilada como las consultas patito que hizo López Obrador para los temas de la cancelación del aeropuerto y la obra del Tren Maya.
