Si bien no son del todo eficientes, las instituciones mexicanas han sido un logro democrático de varias generaciones, que han costado constituirlas, forjar sus reglas, y fortalecerlas como para que de buenas a primeras, se abandonen para someter todo a una consulta pública, así lo considera el Maestro José Antonio Elvira de la Torre, profesor del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guadalajara en entrevista con Rumbo MX.
“Nos ha costado mucho trabajo como país tratar de constituir un esquema institucional funcional, no lo hemos logrado del todo, el conjunto de reglas, e instituciones que tenemos no ha sido suficiente (…) hay muchos temas en donde el marco constitucional no ha sido eficiente, pero eso no significa desde ninguna perspectiva que deba de abandonarse”, comentó.
Muy por el contrario, destaca el académico, si las instituciones no están funcionando como debiesen, el deber del gobierno, como todo sistema democrático debe de fortalecerlas de tal manera que todas las organizaciones, incluyendo a los gobiernos, tengan un marco de regulación que limite sus facultades y su desempeño, así como que proporcione certeza de qué sí pueden y que no pueden hacer los servidores públicos.
Según Elvira de la Torre, el someter todo a “encuestas” es riesgoso, pues el hecho de que toda decisión pueda ser sometida a consulta significa que todo puede ser posible.
“Nadie dice que no hay que sancionar la corrupción, ese es uno de los temas fundamentales de este país, que se cometen actos ilícitos, que los funcionarios no ejercen con decoro y con honestidad su encargo público, y pues tienen una sanción, eso está en la agenda, claro que todo el mundo quiere eso. pero lo que no es viable es que esos procedimientos se realicen fuera del marco normativo”.
Para Elvira de la Torre, no es un pretexto, ni una justificación decir que las leyes no alcanzan, “porque entonces cualquier cosa sería posible, un juicio sumario, una acusación de cualquier naturaleza sin un procedimiento entonces sería valido”.
Y lamentó que dicha decisión pueda ser manejada por quienes acaparan la atención mediática.
“El problema es que esto está en mano de quién más canicas tiene, quien más seguidores tiene en el momento, quien pueda manejar las redes sociales en otro. No son procedimientos que estén formalmente establecidos, y por tanto con todo y que puedan ser una solicitud muy válida de miembros de la comunidad y de que todos estemos en contra de las prácticas de corrupción en el ejercicio de gobierno y la función pública, pues tampoco es un tema de ocurrencias. Entonces insisto no hay marco jurídico que establezca ninguna restricción, ni ninguna limitante.
Y advirtió que dicho esquema es más que riesgoso.
“Eso es peligroso, porque bajo ese esquema pues cualquier funcionario sea o no culpable, pues puede ser enjuiciado, porque pues alguien dice, y la mayoría aplaude y ahora hay que enjuiciar por que la mayoría quiere, no porque haya un procedimiento legal instituido y las organizaciones públicas dedicadas a ese tipo de procesos establezcan un funcionamiento adecuado. Es lo que tenemos que fortalecer”.
Para eso están las instituciones establecidas y que tanto tiempo ha significado invertir en su constitución.
“Claro que tiene que tener sanciones, pero estas tienen que provenir justo de cumplimiento de la Ley y del Funcionamiento adecuado de las organizaciones públicas que están responsables de esos procedimientos, no de consultas, no de gritos en la plaza pública, sino de procedimientos ya establecidos, si no son suficientes, modifiquémoslos y hagamos que funcionen, pero no los tiremos a la basura”.
Y si bien al final del día se vale que en un sistema democrático la gente entre al debate político, estableciendo una discusión pública a partir puntos de vista informados sobre diversos temas, ya que eso es válido, sano, deseable y favorece la pluralidad, lo que no es válido, es establecer procedimientos legales a partir de opiniones, comentó el profesor de la UdeG.
“Si nos reúnen a todos los mexicanos, en un momento, a lo mejor si mayoritariamente se lleve a cabo un juicio de quienes resulten responsables de malos manejos de recursos públicos y de cargos gubernamentales, pero esto no tiene nada que ver con procedimientos jurídicos, sino por el contrario, el titular del ejecutivo debería estar enfocado a establecer mecanismos probatorios de dichas acusaciones, a través de la secretaría de la Función Pública para posibles desvíos, incluso a partir de los Congresos, a partir de sus Organos internos de Control, hay muchas instancias y mecanismos que pueden ser utilizados de manera funcional”.
