A medida que avanzan los meses en un entorno en que gran parte de la pandemia ha marcado el curso de las agendas (pública y privada), comienzan a proliferar palabras y frases que, en algunas ocasiones, podrían constituir verdades de Perogrullo, pero en otras tienen apariencia de verdad y en realidad son falsas.
Desde el uso de frases como “esto llegó para quedarse” (como si los otros virus que afectan las vías respiratorias se hubiesen mudado a otro planeta definitivamente), hay algunos otros dogmas con los que se debe tener bastante cuidado, pues no son precisamente inofensivos.
Como era de esperarse, el ir y venir de las instituciones públicas no se ha salvado de lo anterior. Aun cuando el propio Gobierno Federal ha incentivado la difusión de una gran cantidad de mensajes falaces, por desgracia, esos vicios han permeado en otras instituciones ajenas a la Administración Pública Federal.
Por ejemplo, a raíz de conocido homicidio del cual fue víctima un juez federal en recientes semanas, lo que en un principio salió a la luz como parte de la voluntad de dicho servidor público de renunciar a la seguridad que le ofrecía el Consejo de la Judicatura Federal, develó en realidad toda una trama que dejaba ver que el riesgo en el que se puso a ese funcionario obedeció a que dicha institución permitió que las políticas de austeridad del Ejecutivo la contaminaran, tratando de promover un ahorro en ese y otros rubros.
Utilizo el vocablo “contaminar” porque el Gobierno Federal ha tratado de reducir el aspecto de austeridad a los recortes al gasto público, haciendo únicamente promoción de los montos que, supuestamente, se han ahorrado con motivo de sus “machetazos presupuestales”, sin que seguido de ello tengamos a nuestro alcance una política seria de transparencia que nos permita seguir el destino de esas economías.
En tal sentido, si la implementación de la austeridad como política en una institución pública se limitara al recorte del gasto, como gobierno y como ciudadanos nos quedaríamos apenas en la superficie con una visión de esa naturaleza.
A la mente me viene no una ocurrencia, sino lo que dispone la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dice en su artículo 1 que los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de dicha ley (es decir, cualquier ejecutor de recursos públicos federales), deberán observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.
Como licenciado en derecho, independientemente de las razones que hayan llevado a un legislador a enlistar una serie de criterios o principios en distintas leyes, soy de la idea de que el incumplimiento de uno solo de ellos hace que la estructura de una institución pública se convierta en pies de barro.
En el ámbito presupuestal y tomando como ejemplo la forma en que se desenvuelve el actual Gobierno Federal, de nada sirve una pretendida austeridad (que en varios rubros está resultando atentatoria de la vida de muchas personas), sin utilizar los ahorros con racionalidad, según lo menciona la ley referida.
En tal sentido, el primer error en el que incurrirían las instituciones públicas de todos los ámbitos (federal, estatal y municipal) para enfrentar presupuestalmente lo que queda del actual ejercicio sería aplicar únicamente el criterio de austeridad como lo ha querido posicionar el actual gobierno federal, pues se sigue el riesgo de provocar, entre otros males, la mediocridad en los servidores públicos en lo individual y, por consecuencia, en la
institución que ellos conforman.
Por el contrario, lo que deberían plantearse las instituciones públicas es fortalecer el gasto público a través de los ajustes correspondientes, al menos, en las siguientes áreas:
- Uso de tecnologías de la información. Una gran parte de lo que sí quedará demostrado es la gran cantidad de labores que se pueden optimizar (en tiempo y en otros aspectos) con la implementación y uso de tecnologías de la información que ya se encuentran disponibles. Lejos de pensar en reducir el gasto en este rubro, las instituciones públicas deberían replantear el ejercicio de los recursos de que disponen de tal forma que la tecnología, en términos generales, se convierta en los nuevos lápiz y papel, es decir, en un artículo básico para el quehacer diario.
- Capacitación. Las instituciones públicas que se han vuelto obsoletas no lo han hecho por sí solas, sino que obedece a que en esa dinámica han incurrido sus propios servidores públicos, especialmente aquellos en cargos de dirección que definen el rumbo de la institución. Por su escasa implementación, el uso de las tecnologías de la información demandará un amplio y ambicioso programa de capacitación para los servidores públicos, pero ese, aunque muy relevante, es sólo un factor. Es probable que aparezcan muchos otros factores que harán forzosa una constante capacitación y demandarán distintas habilidades y aptitudes de los funcionarios públicos.
- Adecuación de espacios y/o instalaciones. Más allá de los riesgos actuales que representan los hacinamientos, es probable que sea el inicio del fin de “la oficina” como el lugar de trabajo por excelencia en el servicio público.
En el ámbito privado, había mayores avances en este aspecto desde antes de la pandemia, pero en el ejercicio de las funciones públicas es difícil imaginar al funcionario realizando sus labores en un lugar físico que no sea la sede de la dependencia.
No se quiere decir que las instalaciones que son sede de las instituciones públicas vayan a desaparecer como tal, pero es muy probable que, en algunos casos, los espacios requieran una adecuación a los nuevos implementos y, en un extremo, hasta se podría considerar la migración a otros inmuebles que nada tengan que
ver con el que actualmente ocupan.
En tal sentido, más vale que los ejecutores del gasto superen la austeridad (como política pública o como trauma), porque por sí sola está muy lejos de resolver los retos que ya tienen ante sí las instituciones públicas.
* El autor es licenciado en derecho y maestro en transparencia y protección de datos
personales. Actualmente se desempeña en el Poder Judicial de la Federación. Ha sido
Director de Colaboración y Programas Interinstitucionales con las Entidades
Federativas en el INAI y Director de Enlace Legislativo en SETEC, entre otros cargos.
