Sergio Villa*
La sociedad jalisciense y el Poder Judicial tienen una relación bastante complicada. El año pasado, por ejemplo, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó una reforma constitucional, cuyo objetivo era incorporar evaluaciones de control de confianza para las y los impartidores de justicia del Estado.
Entre los motivos que fueron expuestos en los trabajos preparatorios de dicha reforma, resalta una encuesta realizada a la población en la que se corroboraba que existía una percepción negativa de la sociedad hacía la procuración de justicia y los jueces. Dicha percepción está orientada con lo que día a día vivimos los jaliscienses: la imposibilidad de que se investiguen y persigan los delitos de manera eficaz y logrando una reparación para las víctimas; la situación de inseguridad alarmante; una sensación de falta de equidad en la persecución de los delitos, y varias tareas pendientes.
Si bien es cierto que dicha percepción está orientada por sucesos que son innegables, no menos cierto es que la culpa no es exclusiva de los impartidores de justicia. El Doctor Zaffaroni señala que los gobernantes de partido trasladan su ineficacia para atender las tareas de seguridad a los jueces y, luego, los jueces carecen de entrenamiento político para poder controvertir esos señalamientos.
Por ese motivo, en el ideario colectivo se ha enraizado la idea de que la Judicatura no atiende los temas de seguridad de la forma en que se requiere, pero no debemos olvidar que es el poder legislativo el encargado de dotar de garras y dientes a los jueces, así como a las autoridades que investigan y persiguen los delitos; al tiempo que es la estructura del poder ejecutivo la que tiene que encargarse de hacer un correcto uso de los recursos públicos y jurídicos para investigar, perseguir y someter ante los jueces a las personas que actúan ilícitamente, de tal suerte que los jueces, poco tienen que ver con los problemas que generan un ambiente propicio para la inseguridad, la corrupción y el estado de cosas de impunidad.
Sin embargo, ese poco a veces resulta mucho (o lo suficiente): y sí, necesitamos atender algunos problemas en la judicatura. Y es por eso por lo que resulta importante poner toda nuestra atención en el proceso de selección de nuevas consejeras y consejero de la judicatura, porque precisamente ese órgano es el encargado de atender muchas de esas tareas pendientes.
Me he preguntado por qué motivo el Consejo de la Judicatura no atiende problemas como la sanción a los judicantes con señalamientos de corrupción. Inclusive me surge la inquietud de por qué no se han encargado de buscar alternativas para generar una dinámica de justicia más eficiente, con la implementación de mecanismos más transparentes, idóneos y accesibles.
No podría decirlo con toda seguridad, pero existen muchos motivos para creer que esto tiene que ver con que el Consejo de la Judicatura, no se encuentra integrado por los perfiles más idóneos. Y es que este órgano judicial-político, no ha logrado una agenda atemperada de actividades (entre lo político y lo político-judicial). Pueden existir impartidores de justicia con señalamientos de corrupción o actuar indebido, y nunca serán investigados si tienen el cobijo de alguno de los miembros de esa entidad, mientras que hay casos en los que se investiga de forma bastante cuestionable a quienes cometen irregularidades de las que se consideran menores.
Al momento en que esa entidad ejerce su poder punitivo contra los judicantes, la vara no es la misma entre quienes tienen el manto protector bajo su cabeza y quienes no. También es común que las adscripciones y las readscripciones sean empleadas como medios de coacción o para cobrar venganzas para aquellos judicantes que no actúan bajo las indicaciones de “algunos” de los miembros del Consejo de la Judicatura, de otro modo no podríamos explicarnos como se dan readscripciones, por ejemplo, en tiempos de pandemia, cuando inclusive los órganos judiciales se encuentran en un periodo de cierres parciales y claramente no habría motivo alguno para llevar a cabo cambios en la estructura.
El Consejo de la Judicatura también se ha convertido en una agencia de colocaciones, de otro modo no podemos explicarnos como en anteriores integraciones se tomó la decisión de adscribir a un número importante de jueces que ni siquiera cumplían con los requisitos para ser investidos con la toga. Podría continuar enlistando esas “tareas “pendientes”, pero con las hasta aquí señaladas basta para que nos preocupemos por lo que sucede al interior de la Judicatura.
El derecho a la impartición de justicia tiene una doble dimensión: una que se refiere al derecho que tienen todos y todas a recibir una correcta administración de justicia, imparcial, completa, eficaz y gratuita y, por otro lado, el derecho de los impartidores de justicia a tener resguardada su investidura para no ceder ante presiones externas, ya que teniendo esas garantías, pueden ocuparse por impartir justicia sin temor alguno y solo ponderando lo que sea mejor para la causa que resuelven y, desde luego, de la sociedad, puesto que el resultado final de lo que sucede en un caso concreto se proyecta hacia todas y todos.
Ahora imaginemos que los jueces y juezas llevan a cabo sus tareas, pero teniendo frente a ellos toda esta situación de vulnerabilidad. Esos ataques son internos y también constituyen lesiones a la independencia y autonomía judicial: resulta paradójico, pero la judicatura se encuentra en guerra al interior, y esta batalla la están ganando solo 5 personas. O al menos eso parece.
El Consejo de la Judicatura debe iniciar un proceso profundo de deconstrucción. Primero, vemos muy positivo que la selección de las nuevas consejeras y consejero se encuentre sujeta a un procedimiento más riguroso, que esperemos que cumpla su objetivo depurador, pero una vez que culmine, se requiere que quienes sean elegidos se encuentren alejados de cualquier indicio de pertenencia a estructuras de poder, porque si continúa cooptado (como hasta ahora), los problemas persistirán, la sociedad continuará avanzando al trote, mientras el consejo avanza a pie y los problemas estructurales de la judicatura seguirán creciendo, de modo que llegará un punto de inflexión que tendrá un detonante social que podría ser tan grave como lo que hemos vivido recientemente con las protestas y movimiento contra la brutalidad policial.
Podemos decir que la relación entre sociedad, jueces y Consejo de la Judicatura está en su punto más complicado. La decisión que tome el Congreso del Estado contribuirá al inicio de ese proceso de transformación o será la chispa necesaria para que detone un problema mayúsculo. No es momento de que los procedimientos de elección sean mero trámite.
Sergio Villa es Licenciado en Derecho por la Universidad de
Guadalajara. Ex pasante de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Se dedica al litigio constitucional en
la firma Illanes y Soto.
tsergiovilla@gmail.com
