¿Qué tienen que ver los Certificados de Energías Limpias con la explotación del espectro radioeléctrico? ¿Qué tiene que ver Aeroméxico, con Petróleos Mexicanos o Televisa? ¡Nada! Pero ahora hay quienes pretenden fusionar a los organismos autónomos encargados de regular esos mercados.
Desaparecer organismos autónomos, que costaron años y años de lucha de la sociedad civil, solo por cuidar centavos (sin mirar otros renglones donde se gastan pesos) es un retroceso grave. Me preocupa particularmente el intento de desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, aunque también es alarmante la andanada contra la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
La idea de los senadores de Morena, encabezados por Ricardo Monreal, es fusionar a estos tres órganos tan disímbolos, en el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).
Actualmente estos tres organismos autónomos cuentan con un presupuesto de 2,300 millones de pesos y la creación del mazacote que pretenden crear sería de 1,800 millones, es decir, un ahorro de 500 millones de pesos.
¿Qué son 500 millones de pesos de un presupuesto anual de 6 billones 107 mil 732 millones de pesos? ¡Es absurdo que por ahorrar ese recurso se tire por la borda lo que se ha logrado gracias a las luchas de años y años de la sociedad civil!
Muchos ciudadanos no entendemos la naturaleza y la importancia de los organismos autónomos. Algunos creen que son solo un lujo caro y otros acusan que son los últimos reductos de una tecnocracia que debe ser exterminada a como dé lugar. Por eso no salimos a defenderlos de este tipo de embates.
Así que volvamos por unos instantes a las aulas de la universidad. James Madison, cuarto presidente de Estados Unidos y uno de los más conocidos teóricos liberales escribió alguna vez en los Papeles del Federalista –una colección de 85 artículos de ensayos y artículos que todo amante de la ciencia política que se precie, debe de conocer- que no basta con que los tres poderes se distribuyan competencias y atribuciones, sino que estos tres poderes deben de vigilarse entre sí.
Madison reflexionaba que un dictador o un tirano, concentra en sí mismo las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Él es la ley, y también juzga y ejecuta. Si bien, la separación de poderes resuelve ese problema, el dejar a cada poder sin posibilidad de ser vigilado, sería como tener a varios dictadores, igual de intocables, cada uno en su esfera.
En las democracias –incluso en las maduras y con más razón en las poco consolidadas- hemos visto que es sano distribuir ciertas atribuciones y competencias en otros entes, que si bien son parte del Estado, no de la estructura de ninguno de los tres poderes.
Me refiero a los organismos constitucionales autónomos, cuya independencia de esos tres poderes, es precisamente su fortaleza.
Ya alguna vez en otra columna habíamos comentado que entre las labores más comunes de estos órganos están la fiscalización, la organización electoral, la defensa de los derechos humanos o del derecho de acceso a la información y la regulación de mercados (estas existen en Estados Unidos incluso desde el siglo XIX). Los organismos que ahora están en la mira de Morena, forman parte de esta última categoría de los organismos reguladores.
Es delirante querer integrar en un solo instituto la regulación tópicos tan disímbolos como las telecomunicaciones y la radiodifusión, los contenidos de los medios de la comunicación, las energías limpias, los derechos de las audiencias, la neutralidad de red, la manufactura, la minería, la construcción o las tarifas de los servicios de celular.
¿Acaso existen perfiles de comisionados ciudadanos con esa sabiduría para entrarle a todo ese tipo de temas, que insisto, requieren de una alta especialización técnica?
Quiero cerrar con el caso del IFT. El artículo sexto de nuestra constitución garantiza el derecho a la información en varias vertientes, acorde con instrumentos universales de derechos humanos y es ese artículo constitucional el que dispuso la creación de este órgano que comenzó sus operaciones en el año 2013.
El IFT supervisa la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, sus tarifas y además otorga o revoca concesiones para el uso del espectro radio eléctrico y licitaciones de bandas de megahertz, a través de la cual las empresas pueden ofrecer servicios de banda ancha.
También vela por los derechos de los usuarios y las audiencias y los contenidos. Por ejemplo el derecho a la portabilidad numérica (conservar tu mismo número de celular al cambiar de compañía aunque tengas adeudos), derecho al desbloqueo y a servicios adicionales sin condición, por citar algunos.
Este organismo es el que ha velado por que los usuarios y las audiencias tengan mejores opciones de servicios a precios cada vez más accesibles. Claro, no me envuelvo en la bandera del triunfalismo, sé que hay mucho que cambiar en este tipo de temas, pero no estoy de acuerdo en llegar con el machete a cortar todo en lugar de usar el bisturí con precisión quirúrgica.
Recupero, por ser precisa y porque yo no lo puedo decir mejor, lo que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) considera en un comunicado: “La iniciativa pretende quitarle autonomía y capacidad de gestión IFT y atenta contra derechos fundamentales de las audiencias. El proyecto de decreto busca un control político sobre los consejeros y los sectores regulados”
El IFT –continúa la Amedi- tutela los derechos fundamentales de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación -incluida la banda ancha e Internet-, los derechos de las audiencias, de los usuarios y la libertad de expresión que requieren un tratamiento regulatorio específico.
La austeridad no debe ser pretexto para escamotear derechos fundamentales. Borrar de un plumazo a un órgano garante que tutela estos derechos, siempre será un retroceso por donde quiera que se le vea.
Twitter: @julio_rios
