La semana pasada Michael R. Pompeo, titular del Departamento de Estado de los Estados Unidos resaltaba en una entrevista concedida a Martha MacCallum, periodista de la cadena Fox News, la falta de información por parte del Gobierno de China, en relación con la génesis del coronavirus Covid-19 y que no hubiera suficiente información para comprender cómo todo se salió de control.

Respecto a la opacidad que prevalece, el Secretario Pompeo dijo que “es el tipo de cosas que los gobiernos abiertos, las democracias no hacen” y subrayó el “riesgo asociado con la ausencia de transparencia”.

El reproche por la opacidad imperante en el gigante asiático ha llegado también desde Europa, principalmente por las cancillerías francesa, inglesa y alemana. Hay quienes -incluso- observan una suerte de estrategia china de relaciones públicas para mejorar su imagen ante el mundo, como una nación que coopera y abastece de insumos necesarios a los países para encarar la pandemia.

En tiempos de convulsión, la lucha por el poder político no cesa y se reproduce en mayor y menor escala con premisas básicas generales: ofrecer una mejor solución para enfrentar un problema, para minimizar los costos, mejorar la imagen pública y mostrarse como la mejor opción electoral, el mejor gobernante, el líder valiente, el que posee el conocimiento necesario, el que mejor cuidará al pueblo y un largo etcétera. Lo anterior se puede observar en las relaciones internacionales o bien dentro de un país como Estados Unidos, en el cual hay una fuerte disputa entre la visión que el Presidente Donald Trump tiene de cómo hacer frente al Covid-19 y la forma en que los gobernadores están atendiendo la emergencia nacional.

En nuestro país también se reproduce este clima de contraste de soluciones y estrategias para enfrentar la epidemia y sus múltiples consecuencias, así como la disputa publirrelacionista para ofrecer al mercado de las audiencias la mejor opción, la que tiene más respaldo técnico, la que ofrece los menores negativos, la que nos blindará mejor del invisible y mortal enemigo.

En México convergen dos escenarios que ponen en riesgo el derecho a la información y la rendición de cuentas, así como a las instituciones que soportan estas tareas: los institutos de transparencia y el andamiaje de los sistemas estatales y nacional anticorrupción.

El primer escenario se nutre de un discurso político que apuesta a la “superioridad moral” para enfrentar la histórica corrupción en la vida pública de México y otorga un amplio margen de discrecionalidad para distinguir a quiénes son aves que cruzan el pantano y no se manchan, de quienes usufructuaron el poder para beneficio propio en detrimento de la sociedad. En aras de esa nueva moralidad se ha subordinado el Estado de derecho y se ha privilegiado la discrecionalidad para las adquisiciones gubernamentales y para la toma de decisiones de Estado que en numerosas ocasiones oscilan en el autoritarismo; ejemplos sobran.

El segundo escenario es emergente, disruptivo, inesperado e imprevisible: la pandemia ocasionada por el Covid-19, en la cual se da un supuesto contemplado por los marcos jurídicos, para realizar adquisiciones y contrataciones de manera directa para atender -en este caso- una emergencia sanitaria. Como variable adicional, la ingobernable y desconocida multiplicación de los contagios ha obligado a detener muchos procesos sociales, económicos y gubernamentales, porque bajo la teoría de la colisión de derechos, la salud y la vida prevalecen en una ponderación.

Lo anterior ha permitido que en las últimas semanas, además de que se han realizado adquisiciones y contrataciones directas, se hayan suspendido plazos para atender solicitudes de información pública y la falta de servidores públicos en muchas dependencias, ha ralentizado la publicación de información fundamental, que es aquella que debe estar a disposición de toda persona sin necesidad de que haya que solicitarla, es decir, publicada en algún portal o repositorio público, susceptible de ser localizada sin mayor dificultad.

Ante este panorama, Transparencia Internacional publicó recientemente el informe titulado: “Contrataciones públicas en estados de emergencia: elementos mínimos que los gobiernos deben considerar para asegurar la integridad de las adjudicaciones que realicen durante contingencias”. En este mismo tenor, el pasado 17 de abril, la organización Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) publicó el comunicado Cimtra Covid-19 en el cual realiza un exhorto para que los gobiernos municipales publiquen “en un micrositio o apartado especial, a través de la transparencia proactiva y facilitando su accesibilidad por medios electrónicos”, información relacionada con las distintas acciones realizadas para enfrentar la emergencia.

Por su parte, el Centro de Análisis e Investigación Fundar, publicó una carta dirigida a los tres comisionados y dos comisionadas que actualmente integran el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en la cual piden garantizar el derecho de acceso a la información pública y externan su preocupación por las suspensiones de plazos que afectan el ejercicio del derecho a saber. Cabe resaltar que esta carta fue firmada por 37 organizaciones de la sociedad civil y centros de pensamiento como: México Evalúa, IMCO, Designaciones Públicas, Equis Justicia y Artículo 19, por citar algunas, así como por casi 30 personalidades, entre las que destaco al periodista Julio Ríos, colaborador de RumboMx.

El concurso de opciones es una ventaja de las democracias, porque estimula la competencia y la creatividad para encarar los problemas públicos, pero para que ese contraste intelectual realmente se transforme en mejoría para las sociedades, debe ir acompañado de lo que a nivel mundial se exige a China: transparencia y rendición de cuentas.

Una vez que pase esta apocalíptica crisis sanitaria, es necesario evaluar qué se hizo bien y qué se pudo haber hecho mejor porque bajo el método científico es la única forma de obtener conocimiento útil, pero para ello analistas, historiadores, comunidad médica y sociedad en general, debemos impulsar toda acción orientada a que se documenten y transparenten las decisiones y acciones adoptadas desde el poder público, para reducir lo que el Secretario Mike Pompeo llamó “riesgo asociado con la ausencia de transparencia”, ya que en la opacidad siempre se congregan quienes ven en río revuelto, ganancia de pescadores.

 

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