Mtro. José Vega Talamantes *
Si existe un aspecto cardinal en el cual se encuentran sujetas a prueba las autoridades mexicanas en la crisis sanitaria-económica que se vive actualmente, es el relativo a la efectiva coordinación entre ellas.
La coordinación entre autoridades en nuestro país, contrario a lo que se pudiera pensar, no es un ideal sujeto a la voluntad y buen entendimiento de los actores gubernamentales. Tampoco debería ser un acuerdo al que llegan los titulares de los gobiernos de las entidades federativas, bien sea por pertenecer al mismo partido político o por tener ideas afines. Más bien, como pueblo acordamos que esta coordinación fuese una característica y/o componente del pacto constitucional que se conoce como federalismo y así quedó plasmado en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A través del sistema federal (el cual, cabe aclarar, compartimos con decenas de naciones en el mundo, incluidas muchas de las que se dice forman parte del primer mundo), se pretende que las facultades y obligaciones de las distintas autoridades se encuentren repartidas entre un grupo de estados asociados, en primer lugar, que posteriormente ceden o delegan algunas competencias a un estado federal central.
Teorizar sobre el federalismo es un tema profundo. Lo que vale la pena resaltar en la etapa que atravesamos es que la materia de salud pública es una facultad concurrente de tal manera que, de acuerdo a este pacto federal, goza de una distribución de competencias entre las autoridades estatales y federal que, por lo mismo, obliga a la coordinación entre cada uno de los entes competentes.
A juzgar por la forma en que las distintas autoridades han dado respuesta a los distintos retos que ha impuesto la actual pandemia del Covid-19, no ha habido muchas muestras de esa coordinación a la cual se encuentran sujetas. Pareciera que, lejos de coordinarse, hablamos de treinta y tres visiones y reacciones ante el problema (la del gobierno federal y las treinta y dos de los estados), como si se tratara de igual número de virus distintos los que están poniendo a prueba el sistema de salud del país en forma selectiva.
El ejemplo más claro fue el tiempo y forma en que las autoridades comenzaron a reaccionar, en el discurso y en los hechos, ante los acontecimientos que se iban conociendo a nivel mundial.
Por ejemplo, mientras la autoridad federal se negaba a actuar al ritmo o pauta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) iba dictando (pues la pandemia fue declarada desde el 11 de marzo de este año), entidades federativas como Jalisco comenzaron a tomar medidas desde la mitad del mes de marzo, entre las cuales la suspensión de clases en las escuelas que forman parte del territorio estatal fue una de las que se impuso prácticamente de un día para otro, sin esperar la disposición federal al respecto. Otra medida que tomó ese estado fue la inmediata suspensión de eventos que debido a sus características se consideraron masivos, mientras que en la Ciudad de México se permitió la celebración de un festival que anualmente se lleva a cabo el día 14 de marzo de 2020, con miles de asistentes. En este último caso, fue suficiente para la autoridad local el establecer un operativo para detectar a las personas con temperatura corporal elevada.
Aun cuando la propia OMS se resistió a declarar la pandemia por la alarma que podría generar en la población, tuvo que hacerlo al ver que la cantidad de países afectados aumentaba exponencialmente, precisamente para dimensionar la gravedad de la situación. De tal forma, declarada la pandemia, es decir, la alarma mundial por la veloz propagación del virus, lo más lógico es que las autoridades nacionales competentes se hicieran la idea de que el virus haría escala en nuestro país y, más aún, transitaría a calidad de huésped.
Una correcta reacción de las autoridades debió darse de tal manera que hicieran saber al Covid-19 que, al menos, si ya se había alojado en territorio nacional, no sería considerado huésped distinguido. Contrario a ello, la displicencia de algunas autoridades que evitó que se diera de forma unánime una reacción de esa naturaleza es, justamente, de las actitudes que no abonan a la coordinación que demanda un pacto federal, pues muestran la falta de sintonía entre las autoridades competentes con respecto a un idéntico reto.
¿Cómo es posible que esta falta de coherencia y conexión se dé en momentos en que se encuentran amenazados los dos máximos privilegios de los que puede gozar una persona, como lo son la vida y la salud?
Derivado de esa (des) coordinación en el ámbito de la salud pública, han surgido otras aristas. Un caso que se encuentra en efervescencia es el planteamiento realizado por algunas entidades federativas de replantear el pacto fiscal, con motivo de lo que consideran una injusta redistribución que hace la Federación a los estados que mayor riqueza generan para que se mantengan obras que se consideran infructuosas, como el denominado “Tren Maya” y la refinería de Dos Bocas en Tabasco.
Si bien lo anterior parece un tema independiente de la crisis sanitaria o ajeno a ella (además de que no es la primera ocasión que surge esa disconformidad desde lo estatal), uno de tantos argumentos que reforzó la postura de los gobiernos de esos estados es precisamente la posibilidad de contar con mayores recursos económicos para hacer frente al problema de salud pública que actualmente se encuentra, sin necesidad de esperar a que la Federación muestre misericordia hacia los estados.
Si ya de por sí el Covid-19 evidenció esta falta de sintonía, tan necesaria por las propias características del problema de salud que se vive, pareciera que ya no necesitamos mayores motivos de desacuerdo entre las autoridades estatales y la Federación.
Desconozco si el mundo será igual o no una vez que sea controlada la actual pandemia, según se comenta repetidamente y, más bien, es posible que el mundo no cambie en muchos aspectos, ya sea voluntaria o involuntariamente (como referencia de esto, recomiendo la consulta de interesante artículo que se puede leer dando click aquí). Lo que sí sería ideal que fuese distinto después de todo esto, es que nuestras autoridades mexicanas se propongan a tener una efectiva coordinación entre ellas y, con ello, comenzar a hacer realidad de forma más consistente un federalismo que parece ser todavía un sueño.
* El autor es licenciado en derecho y maestro en transparencia y protección de datos
personales. Actualmente se desempeña en el Poder Judicial de la Federación. Ha sido Director de Colaboración y Programas Interinstitucionales con las Entidades Federativas en el INAI y Director de Enlace Legislativo en SETEC, entre otros cargos.
