Las seis personas señaladas por el presunto fraude de compras de medicamentos a sobreprecio por parte del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) y la empresa Abisalud fueron finalmente vinculados a proceso, por lo que enfrentarán un juicio por este asunto, informó la Fiscalía Anticorrupción.
Las personas vinculadas son tres ex servidores públicos y tres representantes de la empresa. Se trata de Fidel Armando “N”, ex director general del Ipejal; Adriana Gabriela “N”, ex directora Administrativa y Servicios; Jorge Arturo “N”, ex jefe de Recursos Materiales y Servicios.
A estos se les vinculó a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Por parte de la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud S.A. de C.V. (Abisalud) vincularon a proceso a su representante legal, Raquel “N”, y Juan Manuel “N” y María del Carmen “N”, quienes firmaron el contrato de la compra. El señalamiento fue fraude.
El juez Décimo Primero de Control y Juicio Oral, José Luis Álvarez Pulido, determinó que podrán proseguir su proceso en libertad, aunque deberán presentarse ante la autoridad judicial cada mes y no salir del estado, indicó la Fiscalía. La siguiente audiencia tendrá lugar en cuatro meses.
Tras la vinculación, la Fiscalía Estatal Anticorrupción tiene cuatro meses para concluir la investigación y acreditar la plena responsabilidad de los involucrados, detalló el fiscal Gerardo de la Cruz Tovar.
Se defiende Carlos Lomelí de vinculación con Abisalud
La empresa Abisalud ha sido vinculada al delegado federal de Programas Sociales en la entidad, Carlos Lomelí Bolaños quien en una entrevista de radio, aclaró en su defensa, que sus empresas farmacéuticas dejaron de vender al Gobierno Federal, y que ahora venden a los laboratorios, que a su vez, le venden a las autoridades, lo que asegura no es un delito.
Ante estos, La Fiscalía Estatal Anticorrupción propondrá una reforma al Código Penal de Jalisco para tipificar como delito el conflicto de intereses, adelanta el titular de la dependencia, Gerardo de la Cruz Tovar.
“Y otra que puede ser muy interesante también, de sancionar la corrupción entre particulares. Eso es algo que en otros países se da y que nosotros no hacemos. Y la verdad es que nosotros vamos a llevar unas propuestas en este sentido, porque en Jalisco, el conflicto de intereses no es un delito”, dijo.
Explicó que este cambio podría prohibir, entre otras cosas, que un funcionario sea proveedor de empresas que venden al Gobierno.
