Como todo ente que tiene un propósito de componer un problema añejo y disolver un status quo, era lógico pensar que los comités de participación ciudadana de los sistemas anticorrupción enfrentarían distintas amenazas en su quehacer diario.
A lo largo de la corta vida del sistema anticorrupción, parece que son distintas las fuentes de esas amenazas.
Aquellas que provienen de los actores políticos son sui generis: por ejemplo, podría creerse que únicamente estarían en contra del sistema anticorrupción y de sus miembros quienes tenían esa postura desde antes de su creación.
No obstante, también surgen aquellos a quienes ya no les está pareciendo mucho ahora que son una realidad, pero que tuvieron que levantar la mano cuando se trató de votar las reformas constitucionales y legales correspondientes por formar parte de una agenda política.
Las amenazas propias de los comités de participación ciudadana también están presentes. En esto me refiero a las debilidades de la institución por su composición, método de elección de sus integrantes y por el perfil que se solicita, entre otros.
Con algunas diferencias por cuanto a la subjetividad u objetividad de estos peligros, me parece que al momento son las siguientes amenazas las que más se han visibilizado en la corta vida que aún tienen los comités de participación ciudadana de los sistemas anticorrupción:
- 1. La falta de visualización y protagonismo de los comités en la vida pública, en comparación con los demás miembros del sistema.
Recordemos que como parte de los sistemas anticorrupción hubo necesidad de crear dos instituciones: los comités de participación ciudadana y las secretarías ejecutivas.
La secretaría ejecutiva cuenta con toda una estructura orgánica, con un diseño de organismo público descentralizado, y su función principal es fungir como ejecutora de lo que se decide en el órgano máximo del sistema. Los comités de participación ciudadana no.
Además de la diferencia anterior, el comité emite su voto en el órgano máximo del sistema, pero el único trabajo que le respalda es el que ahí realiza y el de la comisión ejecutiva, en forma secundaria.
De tal modo, fuera del sistema, a diferencia del resto de sus integrantes, al no haber contado con atribuciones preasignadas, este comité únicamente cuenta con esa plataforma para comenzar a hacer visible su trabajo y la necesidad de su subsistencia.
- 2. La discrecionalidad en el método de selección de sus integrantes.
A pesar de que las leyes anticorrupción trataron de definir la forma en que serían designados los miembros de los comités de participación ciudadana, aún existe un gran riesgo de discrecionalidad.
Para empezar, no nos engañemos: no existen expertos en anticorrupción. Cuidado con quién le trate de vender ese cuento.
Es por eso que la materia anticorrupción se forma de distintos componentes que la hacen interdisciplinaria, como son la transparencia, la fiscalización, la evaluación y la rendición de cuentas.
Por ello, es entendible que no se pueda tener perfiles que encuadren con precisión en los requisitos que se solicitan en las personas aspirantes, sin embargo, esa discrecionalidad que queda por ahí es un gran peligro porque puede incurrirse en el riesgo de elegir a lobos disfrazados de oveja.
O para darme a entender mejor: puede darse el caso de que el aspirante seleccionado sea más un operador político, con una agenda de la misma naturaleza, que un ciudadano realmente imparcial, autónomo e independiente con una agenda ciudadana genuina.
- 3.- La falta de entendimiento de los resultados que debe dar el comité.
Esta amenaza suele venir de diferentes direcciones. Por un lado, las comparecencias de varias de las personas que aspiran a formar parte de los comités de participación social suelen ser un collage de promesas heroicas e innovadoras (al grado de lo imposible).
Luego, también se dan comparecencias de tipo omnipotente, en las que el entrevistado dice ser un excelente “compañero de trabajo en equipo”, pero poco le importa el trabajo que ya se encuentran realizando quienes, eventualmente, serían sus compañeros, pues pareciera que todo dependerá del trabajo que esa persona llegará a hacer, en caso de ser electa.
Obviamente, como en México hay que ser políticamente correcto para no herir susceptibilidades (que las suele haber muchas), el entrevistado agregará algo así como un “han hecho un gran trabajo los miembros actuales del comité, pero…”.
Por otro lado, cuando se señala que la sociedad demanda que el comité haga su trabajo, se convierte en muchas ocasiones en una carga que no le corresponde al comité exclusivamente, sino al sistema en general, por lo cual también se constituye en una amenaza al esperar que el comité actuando en solitario logre las amplias y legítimas demandas ciudadanas que existen para combatir frontalmente la corrupción.
Esto último, además, puede ser un potente combustible al servicio de algún político detractor cuya agenda sea la desaparición de los sistemas anticorrupción.
Estoy seguro de que con independencia de la intensidad de esas amenazas, la mejor manera de combatirlas no es a través de declaraciones tuiteras y mensajes cruzados.
Siempre, lo mejor, serán son los resultados que se logren.