El asesinato del empresario Alberto Prieto Valencia, ocurrido el 29 de diciembre de 2025 en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, reveló con crudeza la penetración de esquemas de delincuencia organizada transnacional en la economía formal, particularmente a través de las denominadas “rifas colombianas”, utilizadas como mecanismo de extorsión, control territorial y lavado de dinero.
La ejecución, perpetrada con tácticas de corte militar y armamento de alto poder, no fue un hecho aislado, sino un mensaje dirigido al corazón del sector comercial que opera en uno de los principales centros de abasto del país.
Un crimen que sacude al Mercado de Abastos
Alberto Prieto Valencia era una figura clave en la logística y comercialización del Mercado de Abastos de Guadalajara, dedicado principalmente al comercio de granos y cereales, una actividad caracterizada por altos flujos de efectivo, lo que lo convertía en un objetivo estratégico para redes de extorsión.
El empresario fundó y dirigía desde 2002 la empresa Transportes Odal, consolidándose como un actor influyente dentro del ecosistema económico regional.
De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió alrededor de las 10:20 horas, en la intersección de Avenida Topacio y calle Brillante, en Zapopan. El convoy del empresario fue interceptado mediante la táctica de “cajón”, utilizada por grupos armados para inmovilizar a sus objetivos.
Los agresores emplearon vehículos de alto cilindraje, entre ellos una camioneta GMC Yukon, que fue abandonada en el lugar. Prieto Valencia se desplazaba en una SUV Lamborghini Urus color naranja, presuntamente con algún nivel de blindaje, lo que habría provocado el uso de una fuerza de fuego desproporcionada para consumar la ejecución.
Rifas colombianas: de juego regulado a instrumento criminal
Las investigaciones apuntan a que el homicidio está directamente relacionado con la exposición de las llamadas “rifas colombianas”, un esquema que ha mutado en México. Mientras que en Colombia estas actividades están reguladas por entidades como Coljuegos y gravadas con impuestos destinados a la salud pública, en territorio mexicano se han transformado en herramientas de extorsión sistemática.
En lugares como el Mercado de Abastos de Guadalajara, este mecanismo funciona como una fachada para el cobro de derecho de piso, operada por células mixtas de extranjeros y delincuentes locales, vinculadas a redes de crimen organizado.
Así opera el esquema de extorsión
De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, la mecánica sigue un patrón recurrente:
- Venta coercitiva: Comerciantes y locatarios son obligados a comprar boletos de rifas.
- Premios simulados: Los sorteos prometidos rara vez existen o son manipulados.
- Extorsión encubierta: El boleto funciona como comprobante de pago; negarse a comprarlo implica amenazas o violencia.
- Contabilidad paralela: Los operadores utilizan boletos impresos y tarjetas de registro para simular una actividad administrativa legal.
Este sistema permite a los grupos criminales controlar territorios comerciales estratégicos, lavar recursos ilícitos y ejercer presión constante sobre la economía local.
Un punto de quiebre para la seguridad económica
El asesinato de Alberto Prieto Valencia marca un punto de inflexión en la discusión sobre la vulnerabilidad de sectores formales frente al crimen organizado, particularmente en zonas de alto movimiento comercial como el Mercado de Abastos.
Autoridades estatales y federales enfrentan ahora el reto de desmantelar estas redes transnacionales, que operan bajo esquemas aparentemente legales, pero que representan una amenaza directa a la seguridad, la actividad empresarial y el Estado de derecho en Jalisco y otras regiones del país.
