La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la única institución facultada para auditar al Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de los señalamientos por contratos superiores a los 1,800 millones de pesos vinculados a empresas proveedoras durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala al frente del organismo electoral.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria aclaró la diferencia competencial en materia de fiscalización pública, detallando que mientras el Poder Ejecutivo federal es revisado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los organismos constitucionalmente autónomos están sujetos exclusivamente a la supervisión de la ASF.

Auditorías en curso e inicio de procedimientos ante la FGR

La titular del Ejecutivo federal hizo referencia al informe presentado recientemente por el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios, ante la Cámara de Diputados. Al respecto, explicó que el órgano fiscalizador alista la revisión de periodos previos a 2023 e inició auditorías específicas sobre las operaciones correspondientes a los años posteriores.

Sheinbaum Pardo puntualizó la ruta legal que deberán seguir los hallazgos en caso de confirmarse irregularidades en el uso de recursos públicos:

  • Vía penal: Si las auditorías detectan hechos con apariencia de delito, las denuncias se presentarán formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR).
  • Vía administrativa: En caso de identificar faltas o responsabilidades administrativas, los expedientes se turnarán a las instancias correspondientes para la aplicación de sanciones.

Contexto histórico sobre la autonomía electoral en México

Al responder a los cuestionamientos, la presidenta rechazó que las críticas sobre la actuación del INE deban abordarse descontextualizadas de la evolución democrática del país. Realizó un recuento histórico de los cambios institucionales impulsados desde las controvertidas elecciones de 1988 hasta la reforma de 2014.

Recordó que tras los cuestionamientos a los comicios de 1988 se integraron consejeros ciudadanos al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), mientras que la reforma de 1996 consolidó la autonomía constitucional del organismo, proceso que calificó como una conquista lograda por las fuerzas del movimiento democrático de aquella época.