El gobierno de Estados Unidos contrató a cuatro empresas privadas de cobro para localizar en México a ciudadanos con multas administrativas, cargos por detención o deudas pendientes, utilizando métodos de verificación que incluyen fotografías, selfies, recibos de servicios públicos e información laboral para confirmar la identidad y recepción de las notificaciones.

La estrategia forma parte de una licitación emitida por la administración de Donald Trump para gestionar la recuperación de adeudos mediante un portal de pago en línea, dirigida a un universo estimado de 1.5 millones de expedientes de inmigrantes.

Procedimiento de notificación y verificación de identidad

De acuerdo con las bases emitidas por el Departamento de Estado, las empresas adjudicadas deberán entablar comunicación con los deudores a través de un folleto bilingüe en el que se detallan los montos adeudados y las opciones de pago.

Aunque en un inicio se contempló únicamente el formato impreso, una actualización a la convocatoria autorizó el envío de notificaciones en formato PDF por correo electrónico, sujeto a la obtención de “evidencias creíbles” de localización:

  • Pruebas de localización: Fotografías de viviendas, recibos de servicios públicos, registros de empleo o documentos oficiales.
  • Confirmación de recepción: Las compañías deberán acreditar que la persona notificada está enterada del cobro mediante pruebas fotográficas o imágenes de confirmación (selfies).
  • Rastreo de datos: Los métodos de búsqueda abarcan desde visitas domiciliarias e investigaciones en motores de búsqueda, hasta el cruce de información en bases de datos de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Empresas especializadas y redes de cobranza en México
Entre las firmas seleccionadas destaca Global Recovery Group (GRG), una compañía trasnacional proveedora de servicios para el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) desde 2008, la cual reporta la recuperación de más de 1,500 millones de dólares en deuda comercial a nivel global.

Para ejecutar los cobros y notificaciones dentro de territorio nacional, las corporaciones estadounidenses operarán a través de alianzas con agencias de cobranza locales y firmas legales establecidas en México.