El estado de Jalisco alcanzó una calificación de 93.55 puntos sobre 100 en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF) 2026, elaborado por la consultora ARegional, resultado con el que logró mantener el segundo lugar a nivel nacional y superar por 34.27 unidades el promedio de las entidades federativas, ubicado en 59.28.
El puntaje representa un incremento de 0.18 puntos en comparación con la evaluación de 2025, cuando la entidad registró 93.37 unidades, consolidando su posición dentro del bloque puntero del país en materia de rendición de cuentas financieras.
Jalisco entre los “Estados Transparentes”
De acuerdo con la metodología de ARegional, Jalisco se colocó —junto con Querétaro— dentro de la clasificación más alta del índice, denominada Estados Transparentes, siendo las únicas dos demarcaciones del país en alcanzar dicho nivel de excelencia en la publicación de datos contables y hacendarios.
La evaluación mide la calidad, actualización y accesibilidad de la información fiscal que los gobiernos estatales difunden en sus plataformas oficiales, analizando seis ejes fundamentales:
- Marco regulatorio y normatividad aplicable.
- Marco programático-presupuestal de ingresos y egresos.
- Costos operativos del aparato gubernamental.
- Rendición de cuentas y fiscalización.
- Evaluación de resultados de la gestión pública.
- Estadísticas fiscales y deuda pública.
Destacan finanzas claras y compras públicas
El coordinador general de Transparencia del gobierno estatal, Marco Antonio Cervera Delgadillo, subrayó que los indicadores reflejan un esfuerzo sostenido por mantener portales institucionales abiertos y accesibles para la ciudadanía.
“Lo que sobresale en este año es que avanzamos respecto al 2025, pero, además, junto con otras entidades federativas, fuimos colocados como entidades de máximo nivel de transparencia”, apuntó el funcionario.
Por su parte, el gobernador Pablo Lemus Navarro destacó que el puntaje obtenido avala el rigor en la difusión de datos sobre deuda pública, gastos de representación, compras gubernamentales, cuenta pública ciudadana y esquemas de acceso incluyente a la información. La consultora aclaró que la medición se limita de manera estricta al ámbito presupuestal, financiero y contable, sin evaluar de forma integral otras áreas de la administración pública.
