Un informe de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revela que solo dos de cada 10 legisladores del Congreso de la Unión, elegidos en espacios prioritarios indígenas para la actual LXVI Legislatura, fueron asignados correctamente.
El documento titulado “Evaluación de la eficacia de las acciones afirmativas en candidaturas federales 2018-2024” documenta que el 80 por ciento de los candidatos postulados mediante este mecanismo incurrieron en esquemas de simulación, suplantación de identidad y tráfico de constancias indígenas para cumplir con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Esta crisis de representación política generó un impacto directo en la productividad legislativa: la tasa de aprobación de iniciativas enfocadas en la materia cayó estrepitosamente del 3.27 al 0.26 por ciento entre la legislatura pasada y la actual.
El sistema de cuotas y la simulación partidista
El modelo de acciones afirmativas del INE obliga a los partidos políticos a reservar candidaturas para cinco sectores históricamente discriminados:
- Personas indígenas.
- Personas con discapacidad.
- Población afromexicana.
- Diversidad sexual.
- Mexicanos residentes en el extranjero.
Para el proceso electoral de 2024, la autoridad electoral exigió un mínimo de 54 fórmulas para diputaciones y nueve para senadurías distribuidas entre estos grupos. Sin embargo, el análisis de la UNAM expone que los partidos políticos operaron las cuotas afirmativas como “meros trámites administrativos o fichas de negociación”.
“Los partidos utilizaron las cuotas afirmativas como fichas de negociación, impulsando candidaturas a través de la promoción del voto y comités locales, en lugar de promover la defensa histórica de los derechos de los pueblos originarios”, detalla el informe académico.
Tráfico de constancias y manipulación comunitaria
Para acreditar la adscripción indígena, los aspirantes deben presentar constancias firmadas por autoridades tradicionales, representativas, agrarias o ejidales, y pobladores. No obstante, testimonios de diputaciones originarias recabados en la investigación señalan que dichos documentos fueron gestionados a cambio de dinero en efectivo o favores políticos.
Entre las prácticas detectadas destacan:
- Promesas de obra pública: Candidatos acudieron a las comunidades para negociar firmas a cambio de infraestructura municipal.
- Desinformación y manipulación: Habitantes y autoridades locales firmaron documentos sin comprender el alcance legal de los mismos.
- Suplantación y simulación: Obtención irregular de acreditaciones sin vínculos reales con las comunidades que dicen representar.
Esta red de simulación pone en entredicho la legitimidad de los espacios reservados en el Congreso de la Unión, evidenciando la necesidad de reformar los mecanismos de fiscalización y comprobación de adscripción calificada para proteger los derechos políticos de los pueblos originarios de México.
