- Columna de opinión.
- Escrita por: Eduardo González Velázquez.
En lo que corresponde a políticas antimigrantes puestas en marcha por Donald Trump, nunca parece ser suficiente. En todo momento se cruza el límite al que se acaba de llega un instante antes. El objetivo sigue siendo estrangular cada día más a las personas migrantes “sin papeles” avecindados en Estados Unidos.
Ahora desde la Casa Blanca el republicano ha ordenado modificar una ley de 1996 que permite imponer multas a los migrantes “indocumentados” por cada día que hayan permanecido en la Unión Americana después de su orden de expulsión. Esa ley nunca se había aplicado, ni siquiera durante el primer mandato de Trump (La Opinión, 15 de agosto de 2026).
Lo que estamos viendo es otra cara de la persecución y criminalización de los migrantes. Multas que pueden ascender a 998 dólares diarios, a partir de la fecha de la orden deportación que recibieron por un juez.
El Departamento de Seguridad ha comenzado a enviar cartas con las multas a los migrantes “indocumentados” que siguen en Estados Unidos con el fin, no solo de cobrar la sanción, sino de amedrentarlos para que se autodeporten. Dicen las autoridades, que esa práctica les ahorra recursos gastados en redadas pues el puro temor a recibir una multa hará que los migrantes “sin papeles” abandonen la Unión Americana.
Pero aún hay más. Resulta que los avisos de las multas están llegando a los domicilios que los migrantes no habían proporcionado antes, o bien, cambiaron de domicilio luego del aviso de su deportación, lo que indica que el ICE estaría ingresando a las bases de datos del Departamento de Motores y Vehículos, las compañías de los teléfonos celulares y el Servicio de Recaudación de Impuestos. Actualmente, hay al menos 1.4 millones de personas en el vecino del norte con órdenes definitivas de expulsión.
La andanada de la Casa Blanca contra migrantes no termina aquí. Ahora resulta que como a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) se le complica cobrar las multas, decidió encargarles esa tarea a cuatro compañías privadas: Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y Baptiste Group. El contrato que recibieron es por 36 millones de dólares, nada mal para andar de cobrones. Esta estrategia forma parte del programa, denominado “Localización y Recuperación de Pagos”. Para ello, las compañías tienen que localizar a los migrantes multados aún si estos ya se encuentran en México, Honduras o Guatemala.
Frente a estos actos de cobranza e intimidación en nuestro país y los centroamericanos, las autoridades nacionales deberán de hacer lo necesario para impedir que a los connacionales los molesten e intimiden en sus domicilios miembros de corporaciones privadas con el objetivo de obligarlos a pagar una multa al gobierno estadunidense.
Por otro lado, el ICE y la CBP ahora pueden recurrir a embargos salariales, gravámenes sobre propiedades, retención de devoluciones de impuestos y agencias privadas de cobranza para recuperar las multas.
La ironía de toda esta estrategia es que el dinero recaudado por el gobierno de Estados Unidos será destinado a un fondo federal para financiar acciones de identificación, detención y deportación de migrantes.
