Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, dictó auto de vinculación a proceso en contra del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, en el marco de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la autoridad judicial encontró elementos suficientes para imputar al exmandatario estatal, bajo la hipótesis de que, en su calidad de servidor público, habría incurrido en el ocultamiento de información y evidencias clave del caso.
Prisión preventiva y plazos procesales
A través de sus canales oficiales, la FGR detalló los alcances de la resolución emitida al término de la audiencia de formulación de imputación:
- Medida cautelar: El juez ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que Aguirre Rivero permanecerá privado de la libertad en el penal del Altiplano.
- Investigación complementaria: Se otorgó un plazo de 120 días a las partes para el desahogo de pruebas adicionales.
- Situación jurídica: La vinculación no constituye una sentencia condicional, sino el inicio formal del proceso penal.
A pesar de que la defensa del exgobernador presentó más de 30 elementos de prueba para desacreditar la teoría del caso, el impartidor de justicia determinó que los datos aportados por la FGR resultaron preponderantes para sostener la acusación.
La prueba clave: Las grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala
La hipótesis principal de la representación social sostiene que el 29 de septiembre de 2014, tres días después de los hechos en Iguala, Aguirre Rivero habría recibido un sobre sustraído por una visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Dicho sobre contenía un disco con grabaciones del sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia.
| Elemento de la investigación | Detalle presentado por la FGR |
| Contenido del material | Imágenes de un autobús de normalistas y presencia de agentes armados |
| Importancia estratégica | Datos clave para ubicar la ruta de traslado de los 43 estudiantes |
| Cadena de custodia presunta | Entregado por una visitadora al exgobernador el 29 de septiembre de 2014 |
| Imputación directa | Instrucción presunta al exprocurador Iñaki Blanco para destruir la evidencia |
La Fiscalía sostiene que la instrucción deliberada de ocultar y deshacerse de este material audiovisual impidió identificar a tiempo las unidades e implicados en el traslado de los jóvenes normalistas, configurando la conducta delictiva en materia de desaparición forzada.
