El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, acusó al Gobierno federal de brindar protección al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante la existencia de un proceso penal abierto en Estados Unidos. El legislador panista criticó que el Ejecutivo mantenga la postura de que no hay pruebas suficientes para proceder contra el sinaloense, a pesar de que un gran jurado estadounidense emitió una acusación formal, una jueza giró orden de aprehensión y se solicitó formalmente su extradición.
Anaya sostuvo que el Gobierno mexicano está obligado a cumplir con el tratado de extradición vigente entre ambas naciones. Explicó que dicho mecanismo legal establece la detención provisional del requerido para otorgar un plazo de 60 días en el que las autoridades del país solicitante presentan las pruebas definitivas para resolver el proceso.
El expediente en la Corte de Nueva York y la postura de la FGR
De acuerdo con investigaciones periodísticas, el caso contra Rocha Moya derivó de una indagatoria encabezada por un fiscal estadounidense, la cual fue validada por un gran jurado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York antes de la emisión de la orden judicial.
En contraparte, la Fiscalía General de la República (FGR) de México ha reiterado de manera pública que no cuenta con los elementos ni la evidencia suficiente dentro del marco legal nacional para actuar penalmente contra el mandatario con licencia.
| Instancia | Situación del caso Rubén Rocha Moya |
| Corte del Distrito Sur de Nueva York | Acusación formal por gran jurado y orden de aprehensión |
| Gobierno de Estados Unidos | Solicitud formal de extradición tramitada |
| Fiscalía General de la República (FGR) | Declara falta de elementos suficientes para proceder localmente |
| Senado (Oposición – PAN) | Exige detención provisional según el tratado bilateral |
Declaraciones sobre excolaboradores y el caso de Baja California
Como parte de sus argumentos, Anaya Cortés señaló que dos de los colaboradores más cercanos a Rocha Moya —sus exsecretarios de Finanzas y de Seguridad Pública— se entregaron de manera voluntaria a la justicia estadounidense para colaborar dentro del proceso, aseveración hecha por el legislador que no ha sido confirmada formalmente por autoridades judiciales.
Asimismo, el senador vinculó esta situación con la detención de Ernesto Ruffo Appel, expresidente del Consejo Consultivo de Somos México y exgobernador de Baja California, señalado por presunta implicación en contrabando de combustible. Anaya calificó a Ruffo Appel como un “preso político” y afirmó —sin presentar pruebas verificables— que el caso se utilizó como un distractor frente a los señalamientos contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien Estados Unidos revocó la visa recientemente.
