Con el propósito de reforzar el principio de máxima publicidad y hacer más accesible el ejercicio de los recursos públicos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este martes 4 de agosto un decreto gubernamental que modifica los esquemas de rendición de cuentas del Gobierno federal. La medida ampliará los datos disponibles en el Portal Nacional de Transparencia, reducirá los supuestos de reserva documental e impondrá la publicación mensual de los contratos estatales.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria argumentó que la iniciativa busca garantizar el derecho ciudadano a la información plural y oportuna, fundamentado en el artículo 6.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. La esencia es hacer que toda la información que genera el Gobierno federal sea transparente y definir qué es lo que realmente se puede resguardar, que en esencia es aquello que esté en algún proceso judicial o que sea de seguridad nacional”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

Ejes principales del nuevo esquema de transparencia

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que las disposiciones entrarán en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y posteriormente serán integradas como reformas a la Ley General de Transparencia.

El decreto contempla un incremento en los requerimientos de información pública obligatoria a través de tres pilares operativos:

  • Actualización mensual de contrataciones: Las dependencias federales ya no actualizarán sus expedientes de adquisición de manera trimestral, sino cada mes, manteniendo un catálogo continuo y accesible de contratos públicos.
  • Apertura en Pemex y CFE: Las empresas filiales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad deberán hacer públicos sus estados financieros, estructuras de gobierno corporativo, políticas de operación, contrataciones e informes presentados ante organismos regulatorios extranjeros.
  • Fiscalización y auditoría externa: Se transparentarán los programas anuales de fiscalización, estadísticas operativas, seguimiento a observaciones administrativas, así como el padrón y los criterios de asignación de despachos de auditoría externa.

Alcance y restricciones a la reserva de datos

El marco normativo reduce los criterios discrecionales bajo los cuales las dependencias podían clasificar la información como reservada o confidencial. Con este ajuste, la reserva documental quedará estrictamente acotada a carácter temporal para expedientes vinculados a procesos judiciales en curso o materias de seguridad nacional estrictamente delimitadas.

Con este paso, la administración federal busca sistematizar la rendición de cuentas, modernizar la plataforma nacional de datos abiertos y permitir una vigilancia ciudadana más estrecha sobre las finanzas del Estado.