- La propuesta, presentada por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, plantea reformar la Constitución para que jóvenes condenados por homicidio o secuestro completen sus penas en penales de adultos al cumplir los 18 años.
En el marco de la discusión nacional sobre la justicia juvenil y el combate a la delincuencia organizada, el Senado de la República mantiene sobre la mesa el primer antecedente legislativo formal para endurecer las sanciones contra adolescentes que cometen delitos de alto impacto.
La iniciativa, impulsada por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, fue radicada desde el 12 de noviembre de 2025, adelantándose a propuestas similares surgidas en 2026 tanto a nivel federal como local en estados como Querétaro.
El proyecto plantea una reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de frenar una de las tácticas más recurrentes del crimen organizado: la cooptación y utilización de menores de edad para la comisión de delitos graves, aprovechando los marcos punitivos reducidos del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Mantenimiento en centros juveniles y traslado al cumplir la mayoría de edad
La reforma propone un esquema de transición jurídica para adolescentes involucrados en conductas dolosas de extrema gravedad, tales como homicidio, secuestro o delincuencia organizada.
Bajo esta propuesta, la ejecución de las penas se estructuraría de la siguiente manera:
- Permanencia inicial: Mientras sean menores de edad, los jóvenes cumplirán su sanción en centros de internamiento especializados, garantizando el acceso a programas pedagógicos, formativos y de reinserción social.
- Evaluación al cumplir los 18 años: Una vez alcanzada la mayoría de edad, un juez especializado evaluará la viabilidad de ordenar su traslado a un centro penitenciario para adultos para que continúen con una pena proporcional a la gravedad del delito cometido.
- Dictámenes técnicos: La decisión judicial no será automática, sino que estará sustentada en evaluaciones psicológicas, de conducta y análisis técnicos individualizados de cada caso.
Con este planteamiento, la iniciativa de Ramírez Marín busca sentar un precedente nacional en la revisión del sistema de justicia penal para adolescentes, adaptando la legislación frente a la evolución del crimen organizado en el país.
