- La causa penal 253/2026 revela transferencias internacionales a cuentas en Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Alemania para ocultar las ganancias del “huachicol fiscal”.
La red de contrabando de hidrocarburos presuntamente encabezada por Ernesto “N” y el exgobernador de Baja California desplegó un complejo esquema de triangulación financiera internacional hacia Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Alemania, con transferencias que superan los nueve millones de dólares (alrededor de 156 millones de pesos) y más de 10 mil euros, de acuerdo con la causa penal 253/2026 a la que tuvo acceso El Sol de México.
La investigación, conducida por la Fiscalía General de la República (FGR) con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), identifica un mecanismo diseñado para dispersar y ocultar el origen ilícito de los fondos derivados del denominado “huachicol fiscal”, una de las redes de contrabando más grandes documentadas en el país.
La ruta del dinero a Estados Unidos y Europa
Según los expedientes judiciales, la firma Ingemar, S.A. de C.V. —identificada como la empresa matriz de la operación— realizó siete transferencias internacionales hacia Estados Unidos por un monto total de 8 millones 482 mil 564 dólares a una cuenta en First Financial Bank a nombre de Belar Fuels Company LLC, señalada como su principal proveedora de combustible en Texas.
Asimismo, las empresas Servicios Portuarios y Dragados y Puertos, también vinculadas al entramado, enviaron al menos 440 mil dólares a cuentas personales de Ricardo Thompson Ramírez y Ricardo Thompson Navarro en Bank of America.
Daño fiscal de 4 mil millones de pesos y 25 personas en la mira
La desarticulación de este entramado cobró fuerza el pasado 16 de julio con la detención del exgobernador bajacaliforniano junto a siete de sus socios. En un videomensaje, la fiscal general, Ernestina Godoy, informó que las indagatorias abarcan a 25 personas implicadas, de las cuales ocho ya se encuentran bajo custodia de las autoridades federales.
Las autoridades calculan que las operaciones ilícitas cometidas a través de al menos 11 empresas generaron un daño a la Hacienda Pública que supera los cuatro mil millones de pesos, consolidando el expediente como uno de los golpes financieros más significativos contra el mercado ilícito de combustibles en la administración actual.
