- La presidenta respondió a los cuestionamientos de Felipe Calderón, detallando que la investigación de la FGR comprobó que la red alteraba el reporte de combustible para evadir el IEPS.
La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ha desatado una confrontación de declaraciones en la cúpula política del país. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó de manera categórica los señalamientos del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien acusó al Gobierno federal de aplicar una “justicia selectiva” en la captura del exmandatario panista por presunto huachicol fiscal.
Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes 17 de julio de 2026, la jefa del Ejecutivo defendió la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguró que el caso se sostiene estrictamente sobre indagatorias técnicas y de inteligencia financiera.
“Negamos absolutamente que haya justicia selectiva. Si el exgobernador demuestra que no estaba involucrado, actuarán los jueces de manera imparcial”, reviró la mandataria mexicana.
Ruffo implicado como socio mayoritario de la empresa importadora
Para dimensionar la gravedad de las acusaciones, la presidenta Sheinbaum ventiló datos clave de las carpetas de investigación científica que obran en poder del Ministerio Público Federal. Detalló que, tras el seguimiento legal a la cadena de suministro y propiedad comercial, la FGR descubrió que Ernesto “N” figura formalmente como socio mayoritario de la empresa que realizaba la importación fraudulenta del hidrocarburo.
Asimismo, la mandataria relató cómo los operadores intentaron evadir la acción de la justicia en el operativo inicial ocurrido en el norte de México:
“Los ferrotanques fueron encontrados en Coahuila, derivados de una investigación. Sabían que iban a detenerlos y los dejaron en la vía pública”, expuso.
El esquema del fraude: Evasión del IEPS
Al explicar la naturaleza del delito imputado, la presidenta aclaró que la red de contrabando operaba mediante la falsificación de materiales en los pedimentos aduanales con el único fin de evitar las obligaciones fiscales correspondientes a los combustibles en territorio nacional.
- Simulación de carga: Los cargamentos ilícitos ingresaban al país reportando que transportaban materiales químicos diversos en lugar de diésel.
- Evasión fiscal: Al ocultar la verdadera naturaleza del producto, la empresa omitía el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
- La definición: “Eso es el huachicol fiscal”, puntualizó la jefa del Ejecutivo federal, reiterando que el daño patrimonial al erario público asciende a más de 4 mil millones de pesos.
Con este posicionamiento, el Gobierno de México cierra filas en torno al proceso penal de la FGR, asegurando que el caso continuará su ruta en el Poder Judicial de la Federación con base en pruebas físicas y documentales, lejos de motivaciones políticas partidistas.
