• La FGR obtuvo una orden de aprehensión en contra del exmandatario de Baja California por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

En un operativo que sacude el tablero político del norte del país, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, en el municipio costero de Ensenada.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención este jueves 16 de julio de 2026, detallando que la captura es el resultado de una investigación de largo aliento que vincula al exmandatario con redes de operaciones ilícitas a gran escala.

Delincuencia organizada y contrabando: Las acusaciones de la FGR

A través de un comunicado oficial, la representación social de la federación informó que un juez de control obsequió el mandamiento judicial tras valorar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal.

“Como resultado de una investigación, (la FGR) solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto ‘N’”, precisó la institución.

Una red de “alta complejidad” en el sector de combustibles

De acuerdo con los primeros datos proporcionados por las autoridades ministeriales, la indagatoria que pesa sobre el político no se limita a omisiones administrativas, sino que apunta al corazón de una estructura de tráfico de hidrocarburos en la frontera norte.

La Fiscalía General de la República calificó este expediente como una investigación de “alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible”. Según la tesis de la FGR, las actividades ilícitas habrían sido facilitadas y operadas a través de una persona moral (empresa) que fue fundada directamente por el propio exgobernador de Baja California.

Se prevé que en las próximas horas Ernesto “N” sea trasladado y puesto a disposición del juez federal que lo requiere en un centro de reclusión de alta seguridad, donde se llevará a cabo la audiencia inicial para definir su situación jurídica y determinar si es vinculado a proceso.