- El Gobierno Mexicano envía cartas de cese y desistimiento a prisiones migratorias como Adelanto, California, y lleva el caso ante la ONU por violaciones graves a los derechos humanos.
El Gobierno de México elevó la tensión diplomática con Washington al iniciar formalmente este lunes una ofensiva jurídica en territorio estadounidense. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y diversas fiscalías estatales por el fallecimiento de 17 migrantes mexicanos ocurridos durante operativos de captura o mientras se encontraban recluidos en estaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Adicionalmente, la Cancillería confirmó el envío de enérgicos escritos de cese y desistimiento (cease and desist) dirigidos de manera directa a los centros de detención estadounidenses donde se registraron los decesos de los connacionales, con el fin de frenar las omisiones médicas y operativas dentro de estos recintos.
“Estas acciones corresponden a la etapa de investigación, paso previo indispensable para el ejercicio de las acciones judiciales que procedan conforme a derecho”, subrayó la Cancillería mexicana a través de un comunicado oficial, reiterando su compromiso de acompañamiento legal y consular permanente a las familias de las víctimas.
Denuncias coordinadas y presión a las cárceles migratorias
La ofensiva legal atiende a las instrucciones dictadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y se ejecuta en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR). Las demandas penales y administrativas serán canalizadas mediante la Embajada de México en Washington y la red de consulados en la Unión Americana.
Respecto a los escritos de cese y desistimiento, la SRE detalló que el primer documento formal fue emitido por la Consultoría Jurídica y enviado al Centro de Detención de Adelanto, en California, complejo penitenciario bajo la lupa internacional donde han perdido la vida cuatro ciudadanos mexicanos.
A través de estos recursos, el Gobierno de México exige detener de inmediato las conductas negligentes que propiciaron las tragedias, señalando de forma específica:
- La obstrucción o negativa de acceso a atención médica pronta y expedita para los internos.
- La aplicación sistemática de políticas internas incompatibles con los estándares médicos, humanitarios y penitenciarios internacionales.
El caso llega a la ONU: Roberto Velasco solicita intervención de Alto Comisionado
La estrategia de la administración mexicana no se limitará a los tribunales domésticos de los Estados Unidos. En un movimiento para internacionalizar el reclamo, el canciller Roberto Velasco dirigió una carta oficial a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, notificándole detalladamente sobre las defunciones de los ciudadanos mexicanos bajo la tutela de las autoridades migratorias de ICE.
En la misiva, el titular de la SRE solicitó formalmente al organismo de la ONU que requiera informes oficiales al Gobierno estadounidense para analizar si estas muertes violan los tratados internacionales de derechos humanos. Asimismo, México instó al Alto Comisionado a emitir recomendaciones urgentes y transferir los expedientes a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, buscando sentar un precedente que obligue a reformar el sistema de detención migratoria en el país vecino.
