- Columna de opinión.
- Escrita por: Eduardo González Velázquez.
El día de mañana 15 de julio tendrá lugar en Washington una reunión convocada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio con el propósito de combatir al “terrorismo trasnacional de izquierda extrema”. A la cita han sido llamadas autoridades de 60 países, entre ellos México, quien no ha confirmado su participación.
El encuentro, según rezan los organizadores, estará centrado en lo que las derechas llaman el “resurgimiento del extremismo político trasnacional y las redes violentas de extrema izquierda, que hoy vuelve con fuertes vínculos trasnacionales y nuevas convergencias”. Por ello, los objetivos de la cumbre, según el gobierno estadunidense, se dirigirán contra aquellas “actividades que cumplen con la definición de terrorismo: asesinatos, secuestros, amenazas contra instalaciones y fuerzas del orden, así como ataques a la infraestructura crítica, al personal militar y a la población civil”.
Esta declaración del gobierno estadunidense resulta harto peligrosa al tomar en cuenta que las actividades y políticas públicas de gobiernos progresistas de izquierda en cualquier parte del mundo y en especial en América Latina, no significan acciones terroristas debido a que lo que convierte a un crimen en un acto terrorista es el uso intencional de la violencia como medio para lograr fines políticos, ideológicos o religiosos.
Como consecuencia de lo anterior, la cumbre de Marco Rubio dará un nuevo impulso oficial al macartismo, y con ello se pondrá en marcha toda una política de Estado para detectar, criminalizar, acosar y provocar la muerte civil o física de todos aquellos que se atrevan a disentir de los designios de Washington, incluso al interior de la Unión Americana donde serán perseguidos algunos políticos del ala menos conservadora del partido Demócrata.
La historia de América Latina documenta con claridad las atrocidades llevadas a cabo a través de los golpes militares y las dictaduras latinoamericanas con el apoyo irrestricto y criminal de Estados Unidos para perseguir a todo gobierno o movimiento social que estuviese en el espectro político de la izquierda. Todo enmarcado en la locura del “comunismo” como enemigo creado desde Washington para desestabilizar la región y hacerse de los recursos naturales y riendas políticas de los países.
Por si esto no fuese suficiente, Marco Rubio anunció que el gobierno de Donald Trump puso en marcha una iniciativa para desmantelar lo que denomina “la amenaza a la soberanía de Estados Unidos por parte de la Corte Penal Internacional (CPI)”. Según Rubio, en un principio, la CPI tenía por objeto juzgar solo los delitos más graves, pero acabó convirtiéndose en “algo mucho más radical y extremo”, por lo que la CPI supone una amenaza intolerable para la soberanía de Estados Unidos.
Añadió que “la CPI pretende ahora convertirse en el árbitro mundial sin rendir cuentas a nadie, situándose por encima y más allá del Estado nación como un brazo supranacional de una burocracia globalista facultada para perseguir a militares y funcionarios estadunidenses a su antojo. Ninguna opción diplomática quedará descartada en la campaña para desmantelar la amenaza que supone la CPI para los estadunidenses”.
Con esta declaración no queda claro si Rubio se refiere a la CPI o realiza un recorrido por la histórica y criminal política exterior estadunidense.
Recordemos que la CPI fue creada en 2002 por la comunidad internacional para juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. Solo ejerce su jurisdicción si un Estado miembro no puede o no quiere juzgar por sí mismo las atrocidades cometidas. Estados Unidos nunca ha sido miembro del tribunal. Sin embargo, el Estatuto de la CPI también otorga a la CPI la facultad de juzgar crímenes cometidos en el territorio de los estados miembros por nacionales de países no miembros.
En el fondo lo que busca Washington es que se establezcan dos categorías de Estados: aquellos cuyos ciudadanos pueden ser investigados cuando sus sistemas judiciales no actúan, y por otro, las naciones poderosas que permanezcan fuera del alcance de cualquier tribunal independiente. Mediante esa estrategia, la administración Trump pretende que sus militares, agentes de inteligencia y funcionarios en general puedan actuar en el territorio de otros países sin que una institución judicial independiente tenga autoridad para investigar los crímenes que puedan cometer.
