- La Recomendación 208VG/2026 descarta la participación institucional de la Sedena en la desaparición de los 43 normalistas; el exasistente de la Covaj filtra documentos que prueban que el alumno desaparecido Julio César López era un informante activo.
Un profundo cisma institucional ha estallado en torno a la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra Ibarra, emitió la Recomendación 208VG/2026 —un extenso documento de más de 860 páginas— en el cual concluye de manera categórica que no existe responsabilidad institucional ni participación militar directa en los crímenes perpetrados el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
El histórico pronunciamiento del organismo defensor fue duramente impugnado de inmediato por Alejandro Encinas Rodríguez, expresidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) entre 2018 y 2023 y actual embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien filtró archivos clasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que desmienten el veredicto oficial de la CNDH.
La postura de CNDH: Omisiones individuales y ataque a la “antiverdad”
La recomendación del organismo nacional reconoce un saldo de 92 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, documentando casos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la CNDH acotó la responsabilidad castrense únicamente a actos de omisión individual, por los cuales 20 elementos militares se encuentran actualmente bajo proceso penal.
El documento encendió las alertas de los centros de derechos humanos y de los familiares de las víctimas debido a dos factores críticos:
- Exclusión de Sedena: A diferencia de otras 22 autoridades civiles y judiciales que fueron formalmente notificadas y señaladas, la Recomendación no fue dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional.
- Cuestionamiento al GIEI y Covaj: La CNDH arremetió de forma directa contra los peritajes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la propia Covaj, acusándolos de haber impulsado una narrativa de “antiverdad” destinada a sembrar una presunta e infundada responsabilidad criminal sobre el aparato militar.
Encinas contraataca: Pruebas de espionaje militar dentro de la Normal
En respuesta al informe de la CNDH, Alejandro Encinas utilizó su cuenta oficial en la red social X para hacer públicos documentos de inteligencia militar que revelan que Julio César López Patolzin —uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos— no era un alumno convencional, sino un soldado de infantería en activo.
De acuerdo con los archivos castrenses divulgados, López Patolzin operaba bajo una “fachada de alumno” y estaba adscrito formalmente como Órgano de Búsqueda de Información (OBI) dentro del plantel educativo. Las pruebas presentadas por el diplomático detallan:
- Infiltración planeada: El trámite de su inscripción escolar se gestionó en junio de 2014 bajo directrices estrictas de inteligencia militar.
- Reportes de actividades: El soldado infiltrado emitió informes de inteligencia a sus mandos superiores la mañana del 26 de septiembre de 2014, apenas unas horas antes de que iniciaran las ráfagas de ataques y detenciones en Iguala.
- Comunicaciones: El expediente expone los mecanismos de comunicación esporádica e instrucciones secretas compartidas entre el OBI y los altos mandos del batallón de la zona.
Esta sólida evidencia contradice de forma directa el texto de la Recomendación de la CNDH, donde el organismo de Piedra Ibarra descarta la condición de infiltrado o informante de López Patolzin, argumentando que su estancia en la Normal de Ayotzinapa respondía simplemente a una prestación reglamentaria que faculta a los soldados a cursar carreras civiles.
Hasta el momento, la Sedena ha guardado un hermético silencio y no ha emitido ningún pronunciamiento público para validar o desmentir la autenticidad de los documentos oficiales difundidos por el exsubsecretario de Gobernación, dejando abierta la confrontación sobre la verdad histórica del caso que sigue lastimando al país.
